Forcadell, 11 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta

El Tribunal Supremo atribuye a Carme Forcadell un papel "decisivo" en el proceso independentista catalán ocurrido en el otoño de 2017 desde su "privilegiada posición" como presidenta del Parlamento catalán, al amparar desde esta posición la creación de una "legalidad paralela carente de validez" con las leyes de desconexión --ley de transitoriedad y ley de referéndum--.

Los magistrados justifican la condena de Forcadell a 11 años y medio de cárcel por su posición en la "dirección de un proceso de creación normativa que, pese a su más que evidente insuficiencia jurídica, sirvió de ilusoria referencia para una ciudadanía que iba a ser movilizada como instrumento de presión al Gobierno del Estado".

Las leyes de desconexión, subraya la sentencia, "formaban parte de una estrategia concertada por los principales acusados" con el objetivo de "crear una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la república independiente de Cataluña".

Alentó enfrentamientos entre ciudadanos y policías

Todas las impugnaciones del Tribunal Constitucional a la actividad del Parlament fueron desoídas "una y otra vez", añade el Supremo, llegando incluso Forcadell a "entorpecer gravemente el desempeño de la autoridad pública que se residencia en los tribunales de justicia, cuyos mandatos fueron claramente burlados".

"Ante la consigna 'la defensa de nuestras instituciones', alentó, organizó y protagonizó actuaciones multitudinarias que entorpecieron la labor judicial y que generaron importantes enfrentamientos entre los ciudadanos y los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", afirma el tribunal.

Y no sólo eso, sino que además Forcadell "proyectó su actividad pública más allá del ámbito parlamentario, apoyando decididamente al Govern en las decisiones concernientes a la preparación del referéndum y a las entidades ANC y Òmnium Cultural en las movilizaciones que propiciaron". Con esto, "desbordó los contornos de la posición institucional que ostentaba y quebrantó el deber de neutralidad inherente a la misma".

Tras conocer la sentencia, la expresidenta del Parlament ha denunciado que la "injusticia se ha consumado" y ha lamentado que la democracia vive "un día oscuro".

"La injusticia se ha consumado. El libre debate parlamentario no es delito, es un derecho ejercerlo y un deber defenderlo. No nos cansaremos de decirlo donde haga falta", ha escrito en Twitter.

Carme Forcadell ha advertido de que "hoy la democracia vive un día oscuro", pero en momentos así ha pedido no dejarse vencer por el "derrotismo", al tiempo que ha añadido: "¡Saldremos adelante!".

La Fiscalía pidió 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos.

Mientras, la Abogacía del Estado solicitó 10 años de cárcel por sedición, y la acusación popular ejercida por Vox pidió 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

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