El empresario Juan Carlos Barrabés y un alto cargo de Red.es, entidad pública empresarial (EPE) que se dedica a impulsar la transformación digital de la sociedad, han sido citados como investigados por presuntas irregularidades que apuntan a delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
La Fiscalía Europea ha imputado a ambos por una serie de contratos públicos, cuya financiación se sustenta a través de las arcas continentales y que fueron avalados por la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a través de unas cartas de recomendación.
Investigación a Barrabés y el papel de Begoña Gómez
El caso se centra en la concesión de contratos para programas de formación en economía digital, destinados tanto a jóvenes como a personas desempleadas, adjudicados a una unión temporal de empresas (UTE) en la que participaba Innova Next SLU, sociedad vinculada a Barrabés. Según la investigación, esta sociedad llegó a concentrar 28 contratos públicos por un valor total de 22,8 millones de euros, lo que representa más del 90% del total adjudicado al grupo empresarial en cuestión.
La Fiscalía Europea asumió la investigación hace un año, tras recibir la causa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, que había detectado indicios de apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación en la concesión de estos contratos. Las pesquisas han puesto el foco en la posible manipulación de los concursos, otorgando un peso excesivo a criterios subjetivos, especialmente aquellos influidos por las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez.
Detalles de los contratos bajo sospecha
Los contratos bajo sospecha fueron financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea y gestionados por Red.es, organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital. La Fiscalía Europea ha solicitado a Red.es los expedientes completos de tres contratos concretos y ha requerido información adicional a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) para verificar la financiación y certificación de los mismos.
En paralelo, el juez Peinado mantiene una investigación sobre otros contratos adjudicados a empresas de Barrabés que no fueron sufragados con fondos europeos.
Reacción política: el PP exige la dimisión de Sánchez
La citación judicial ha provocado una fuerte reacción política. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado a Pedro Sánchez de estar "acorralado por la corrupción" y ha exigido su dimisión inmediata. Gamarra ha señalado que el presidente del Gobierno "no ha dado las explicaciones necesarias" y que España necesita "más transparencia" ante una investigación judicial que afecta al entorno familiar de Sánchez.
En declaraciones públicas, Gamarra ha pedido a Sánchez que redacte "una última carta a los españoles en la que comunique su dimisión y la convocatoria de elecciones", subrayando que el presidente "actúa como alguien que ocupa el poder para servirse de todos los instrumentos del Estado en beneficio propio".
