No es que los propios mensajes del partido de Santiago Abascal sean constitutivos de un delito de incitación al odio, algo que el fiscal descarta en una entrevista, sino que estos pueden dar pie a pensar que estamos "en un campo abierto" donde todo vale.
Y aunque algunos ciudadanos reaccionan en contra de los mismos, admite el fiscal, otros sin embargo actúan "dando consignas que sí que pueden suponer un ataque a los colectivos que se trata de proteger". Un escenario donde se abren "las puertas hacia un terreno desconocido" en el que pueden proliferar mensajes amenazantes contra grupos vulnerables que representen un verdadero riesgo para su integridad.
¿La solución? Esta es una pregunta de la que Aya confiesa no tener respuesta más allá de apelar a la responsabilidad de unos políticos que, por otra parte, no se libran de utilizar de forma "espuria" y "partidista" la figura de los delitos de odio como arma arrojadiza contra sus rivales.
Es algo que para el fiscal "está muy claro" y no solo por parte de los partidos, sino también por asociaciones, algunas de ellas religiosas, que interponen una denuncia ante "cualquier manifestación antirreligiosa", con la que consiguen que "el denunciado sea llamado a declarar".
Y pese a que luego todo quede en agua de borrajas, explica Aya, con su actuación consiguen lanzar una especie de advertencia: "Oye, tened cuidado que a la próxima tenéis que volver donde el juez". Para el fiscal, el problema está en que hay"una excesiva judicialización de todo" y aunque a veces los propios políticos se quejan de la misma, luego son ellos quienes involucran a la Justicia y a la Fiscalía en la resolución de problemas cuya respuesta debería ser otra.