La denuncia fue presentada por la Federación Andaluza de Empresas de Formación acerca del uso de fondos públicos en Andalucía que debían ir destinados a la formación para el empleo y que estaban cifrados en 849 millones de euros.
Esta patronal presentó el pasado mes de enero un escrito en la Fiscalía en el que aportaban todos los datos al respecto de las transferencias recibidas por la Junta, así como de partidas presupuestarias aprobadas para satisfacer buena parte de las políticas activas de empleo, entre 2012 y 2014.
Cecap ha expuesto que no hay ni rastro de ese dinero que el consejero de Educación, Luciano Alonso, debía haber invertido en Andalucía. La patronal ha declarado que, durante esos años, no se han llevado a cabo por parte de la Junta ni una convocatoria pública para la ejecución de acciones formativas de trabajadores ocupados o desempleados que puedan servir de base para el gasto o justificación de las cantidades transferidas a esta comunidad.
