La Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales han hecho público hoy un comunicado conjunto en el que explican que como profesionales y, "sobre todo como ciudadanos", no pueden "permanecer impasibles o en silencio ante las últimas decisiones tomadas por el Gobierno de la Generalitat y por el Parlament de Cataluña". "El contenido y la tramitación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación y de la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana nos provoca conmoción, una honda preocupación y un rotundo rechazo", añaden.
Sostienen que "el principio de legalidad y la correlativa sujeción de los poderes públicos a la ley es lo que define a un Estado Democrático de Derecho como tal" y "ello garantiza la convivencia, proporciona seguridad jurídica a los ciudadanos y protege frente a decisiones arbitrarias y regímenes autoritarios". "La contravención de estos principios por las citadas leyes es patente y no precisa de sesudos análisis técnico-jurídicos", añaden, dejando claro que "así se vulnera claramente la Constitución española" y "se infringen las previsiones del propio Estatuto de Cataluña".
Las asociaciones de fiscales subrayan que los textos aprobados no tienen amparo "en ningún tratado internacional ni en las resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación". "Los votos de una apretada mayoría de diputados del Parlament no pueden dinamitar la estructura legal y constitucional de un Estado como el Español, ni pueden imponer una visión parcial y sesgada de lo que significa la convivencia democrática con el único objetivo de conseguir sus propios fines", concluyen.
También ponen de relieve que "lo que distingue a una democracia no es la celebración de consultas populares -que acogen también los regímenes no democráticos- sino la sujeción de los poderes públicos a la Ley". "Como ciudadanos esperamos cordura, sensatez y soluciones políticas, pero también respeto a las leyes y a los principios democráticos", manifiestan los fiscales, que aseguran que asumen "con convicción y responsabilidad" el desempeño de las funciones que legal y constitucionalmente tiene atribuidas.