Álvaro García Ortiz, José Luis Ábalos o Luis Alvise Pérez son solo algunos de los nombres que centran el nuevo curso judicial en el Tribunal Supremo, poniendo uno de los focos en la decisión de suspender o no de su cargo a García Ortiz, fiscal general del Estado, de cara al eventual juicio que se celebrará en su contra por la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
Otra de las investigaciones que marcarán este nuevo arranque en el Supremo serán las que incumben al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor, Koldo García, por el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones de obra; además de las relativas al eurodiputado Alvise Pérez por presunta financiación ilegal de su partido, entre otros delitos.
Causa abierta al fiscal general
En lo que respecta a la causa abierta al fiscal general, por el momento queda pendiente que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral contra García Ortiz, que se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión. Antes de ello, se prevé que las acusaciones de la causa se pronuncien sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender a García Ortiz de forma provisional de sus funciones una vez que se dicte el mencionado auto de apertura de juicio oral.
De momento, está previsto que el 5 de septiembre García Ortiz acuda al acto de apertura del año judicial, en el que estarán presentes el Rey Felipe VI y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, entre otras autoridades.
Cerdán, Ábalos y Koldo
Por su parte, el instructor Leopoldo Puente seguirá adelante con las pesquisas para esclarecer la presunta participación de Cerdán, Ábalos y Koldo en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio del amaño de contratos de obra pública o de material sanitario.
Cabe recordar que el ex secretario de Organización socialista permanece en prisión desde finales de julio por su presunto "papel directivo" en la trama y el riesgo de destrucción de pruebas; mientras que Ábalos y Koldo deberán comparecer periódicamente en sede judicial.
Entre tanto, se prevé que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presente un informe sobre el contenido del correo corporativo de Cerdán en el partido y de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Además, los agentes deberán entregar otro informe sobre las cuentas y productos bancarios en los que Cerdán figura como titular, autorizado o representante, así como sobre sus bienes inmuebles y vehículos.
También tendrán que aportar informe sobre la información tributaria de Cerdán para conocer la evolución de su situación financiera. De igual forma, está previsto que llegue al Supremo un informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos.
Reparto de menores migrantes
A los asuntos anteriores se suma el reparto de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, otro de los temas que cobran importancia en el nuevo curso judicial del Supremo.
Varias comunidades autónomas lideradas por el PP han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo el Real Decreto, aprobado el 26 de agosto, por el que el Gobierno regula el reparto de dichos menores y detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada una de las comunidades autónomas, es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger.
