Según Renedo, esta práctica era habitual al final de cada ejercicio para poder atender todos los compromisos adquiridos por la administración autonómica a lo largo del año y particularmente en ejercicios en los que se celebraban procesos electorales.
Renedo, para la que la Fiscalía pide diez años de cárcel, ha sido la primera de los trece acusados en testificar ante el tribunal que juzga el denominado caso Marea -acrónimo de su nombre (Marta Renedo Avilés)-, la mayor causa por corrupción abierta en Asturias por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
La funcionaria, que sólo ha contestado a las preguntas de su defensa durante casi media hora, ha acusado directamente a los ex directores de Cultura, Carlos Madera, y de Modernización, Alberto Pérez Cueto, de haber dado directamente esas órdenes aunque ha asegurado desconocer si esos mandatos procedían de los consejeros o si éstos los conocían.
Además, ha acusado al Principado, personado como acusación particular, de haber hecho desaparecer determinados documentos originales y de haber presentado otros "falsos" para eludir la responsabilidad de los directores en la firma de algunos contratos.
Según su testimonio, sus problemas comenzaron cuando no aceptó la petición que le planteó Pérez Cueto de que una empresa creada por ella realizase la misma función que compañías como Igrafo, cuyo propietario está también procesado, para sumarse a esa bolsa de contratos supuestamente falsos con los que satisfacer compromisos de gasto adquiridos pese a no contar con consignación presupuestaria.
"Le dije que no y ahí vinieron los problemas", ha afirmado tras asegurar que se contrató a personal que trabajaba en la Consejería a través de la empresa Asac, cuyo responsable figura entre los acusados, y que, dado que no se les podía pagar directamente, el gasto se abonaba a la compañía "a través de una ficción de inversiones" por orden de Carlos Madera.
La funcionaria está acusada de participar desde su cargo como jefa de servicio en tres consejerías distintas en una presunta trama dedicada a amañar contratos con distintos proveedores que la llevó presuntamente a falsificar las firmas de sus superiores.
Además, según el Ministerio Público, la ex jefa de servicio suplantó la personalidad de tres mujeres para abrir cuentas bancarias y crear empresas a las que desviaba los ingresos que obtenía tras pedir a varios empresarios que devolvieran dinero de contratos por trabajos que supuestamente ya no eran necesarios.
En las preguntas a las que la Fiscalía y el resto de acusaciones han dado lectura ante el tribunal figuraban también cuestiones como su responsabilidad en la puesta en marcha de una empresa sin actividad -Implan Mounts- a la que habría adjudicado contratos por importe de 663.579 euros y la compra de un piso en el centro de Oviedo por 400.000 euros que pagó al contado.
Antes de la declaración de Renedo el tribunal acordó, tras consultar a los letrados, que la abogada que representa al Principado, Isabel González Cachero, citada a su vez como testigo por haber ocupado el cargo de Secretaria General Técnica en la administración autonómica, preste declaración en primer lugar cuando comiencen a hacerlo los casi 180 testigos citados por las partes.EFE
