El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tardará en olvidar las últimas dos semanas. Ha pasado de que el Tribunal Supremo le ofrezca la posibilidad de declarar de forma voluntaria a tener que dejar su escaño; su acta de diputado; solicitar su baja voluntaria del PSOE y que sus cuentas y correos hayan pasado a estar bajo lupa por el supuesto cobro de mordidas en contratos amañados por el Gobierno navarro. Junto a él han entrado en escena cinco empresarios que estarían relacionados con el cobro de comisiones.
Este viernes la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaba en la sede central del PSOE para clonar el correo personal e institucional de Santos Cerdán, en un paso más de la investigación en la que el juez Leopoldo Puente aprecia "consistentes indicios" de que el exnúmero 3 de los socialistas podría haber incurrido en delitos de organización criminal y cohecho. No fue la única intervención, ya que se personaron en el Ministerio de Transportes para clonar el correo del exministro José Luis Ábalos; en la Dirección General de Carreteras y en la sede de ADIF, para recabar documentación acerca de adjudicaciones y obras.
Por tanto, Santos Cerdán se une a José Luis Ábalos y Koldo García en el banquillo de los acusados y deberá declarar ante el Supremo como imputado. Los dos últimos lo harán el próximo lunes entre los rumores de que Ábalos podría pactar con la Fiscalía y el cambio de abogados de Koldo, que podría vaticinar un cambio de estrategia. Santos Cerdán ha logrado ganar algo de tiempo y declarará el próximo 30 de junio, pese a que su defensa trató de retrasar la declaración hasta el mes de julio, cuando testificarán los cinco empresarios.
Por su parte, el magistrado da por válida en su último auto la tesis de la Guardia Civil en la que se señala que Cerdán y Ábalos habrían participado en la "en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas", pudieron ser el primero "quien se encargara de distribuir" las cantidades "recaudadas".
Últimas novedades: clonado de correos, empresarios investigados y adjudicaciones
Clonado de correos en Ferraz y Transportes
El magistrado Puente ha centrado su atención en los correos que los dirigentes socialistas pudieron enviar y recibir. Es por ello que ordenó a los agentes de la Guardia Civil personarse en Ferraz y el Ministerio de Transportes para clonar las cuentas que utilizaron José Luis Ábalos en su etapa como ministro (2018-2021) y Santos Cerdán como dirigente socialista (2021-2025). De igual forma, se presentaron en la Dirección General de Carreteras y ADIF.
Tal y como se recoge en el informe de la UCO, Cerdán facilitó su correo corporativo a Koldo para que le enviase "ciertas comunicaciones relevantes" -según el juez- relacionadas con su contratación en el PSOE, donde comenzó a figurar como asalariado a partir del 25 de octubre de 2017.
No obstante, las averiguaciones que el juez quiere realizar acerca de Cerdán no acaban aquí. Después de hallar indicios de que el exnúmero tres del PSOE pudo llegar a repartir mordidas a Koldo y Ábalos por valor de 620.000 euros, ha accedido a la petición de los investigadores, quienes podrán indagar en las cuentas bancarias a excepción de las vinculadas a la Fundación Pablo Iglesias y al PSOE.
En definitiva, los agentes tendrán acceso a casi medio centenar de cuentas y productos bancarios, entre los que también se incluyen los relativos a los cinco empresarios y las compañías: Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), Obras Públicas y Regadíos (OPR) y la Servinabar 2000, y la fundación Fiadelso, "estrechamente vinculada" a Ábalos.
Empresarios investigados
José Ruz (Levantina), Antonio y Daniel Fernández (OPR), Fernando Agustín Merino, exdirectivo de Acciona, y Antxón Alonso (Servinabar 2000), son los empresarios que figuran en la investigación que ha salpicado a los dos últimos exsecretarios de Organización del PSOE. El magistrado les considera "administradores de hecho" de las empresas que "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio" y que "pudieran haber participado en la realización de pagos".
Uno de los hallazgos más relevantes que han realizado los agentes en los registros está directamente vinculado a Antxón Alonso. Durante la inspección se encontraron 16.180 euros en efectivo y un documento de 2016 en el que el empresario le transfería el 45% de las acciones de Servinabar 2000 a Cerdán, aunque ambas partes lo niegan.
Adjudicaciones bajo lupa
La UCO ha logrado identificar las 11 obras que podrían haber sido adjudicadas de forma irregular, mientras que Ábalos era ministro de Transportes. Por eso mismo, los agentes de la Guardia Civil se presentaron el viernes en las sedes de ADIF y la Dirección General de Carreteras, para obtener toda la información posible.
Algunas de estas construcciones serían el proyecto de construcción de tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla, por 102.829.873 euros; el soterramiento de la red arterial ferroviaria de Murcia, por 158,8 millones; un tramo de la autovía A-68 en La Rioja, por 92,4 millones de euros; o la construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), por 62 millones.
Por último, el magistrado Puente ha solicitado a la Audiencia Nacional la investigación de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y del exdirector general de Carreteras Javier Herrero por su supuesta participación para que "las adjudicaciones proyectadas" por Ábalos y Koldo "pudieran llegar a buen término".
