Los tres empresarios implicados en el llamado "caso Cerdán" han reafirmado ante el Tribunal Supremo que no han pagado mordidas a funcionarios ni amañado adjudicaciones en obras públicas. José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción, y Antonio y Daniel Fernández, de Obras Públicas y Regadíos, han sostenido que, si bien es habitual entablar relaciones con cargos públicos para ser tenidos en cuenta en concursos, eso no equivale a pagos ilícitos ni sobornos.
Ruz reconoció conocer a Koldo y al exministro José Luis Ábalos, admitiendo haber contratado a Koldo como responsable de seguridad por 2.600 € netos mensuales. La Fiscalía Anticorrupción considera que Koldo ocultaba parte del pago a Ábalos, pero Ruz insiste en que fue por servicios reales y que la práctica de comunicarse vía teléfono seguro era una costumbre del sector, no una cobertura para delitos.
"Para obtener adjudicaciones hay que tener visibilidad y relación con funcionarios", han explicado los presentes, defendiendo como "práctica común y legal" el uso del networking político para optar a contratos. Sin embargo, se desvinculan de cualquier pago irregular.
Durante su declaración, José Ruz reconoció que había solicitado a Koldo una reunión con Santos Cerdán con el "objetivo de no quedar el último en las adjudicaciones". Según indicó, le habían advertido que el PSOE le tenía "en la quilla", una expresión para referirse a estar fuera del reparto de contratos, por lo que necesitaba un impulso para figurar en el proceso de licitaciones.
Restricciones para los imputados
En el caso de José Ruz, el juez ha ordenado la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir del país. También deberá acudir cada dos semanas al juzgado, cumpliendo con lo pedido por la Fiscalía. Para Antonio y Daniel Fernández se han impuesto exhibiciones periódicas cada quince días, sin restricciones de desplazamiento más allá de esas comparecencias.
El 'caso Cerdán', vinculado a los presuntos cobros ilegales por adjudicaciones públicas, sigue su curso en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Las comparecencias periódicas y las restricciones a los imputados serán un mecanismo de control durante la instrucción, mientras sigue la investigación por parte de la Guardia Civil y Fiscalía. Mientras tanto, las defensas mantienen la inocencia de sus clientes.
