La estrategia que diseña la defensa de Carles Puigdemont incluye un atajo para que el Tribunal Constitucional (TC) examine si ordena que decaiga de manera inmediata la orden nacional de detención contra el líder independentista, pese a que el órgano de garantías no entrará hasta otoño en el fondo del asunto. El Pleno del alto tribunal avaló este lunes la constitucionalidad de la amnistía, pero tiene pendiente abordar decenas de recursos de inconstitucionalidad y, posteriormente, los recursos de amparo de aquellos a los que los tribunales no les están aplicando la ley que perdona los delitos del procès.
El abogado del líder de Junts per Catalunya, Gonzalo Boye, prepara un recurso de amparo ante el TC en el que solicitará que de manera cautelar quede anulada de forma inmediata la orden de detención dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena. Incluso baraja la petición de que la decisión se produzca de manera cuatelarísima, es decir, sin esperar a que se pronuncien las partes.
Esto permitiría al ex president de la Generalitat regresar a España sin riesgo de ser detenido aunque la decisión de fondo sobre si la malversación del procès está afectada por la Ley de la amnistía se demore en el Tribunal Constitucional o incluso, posteriormente, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Puigdemont y los también procesados fugados, Toni Comín y Lluis Puig, conocieron el pasado lunes el auto por el que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo rechazó admitir a trámite los incidentes de nulidad que presentaron contra la decisión del juez instructor Pablo Llarena de no aplicar la Ley de la Amnistía al delito de malversación por el que les mantiene encausados.
Esto les da vía libre para plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el criterio del Tribunal Supremo, que interpreta que la malversación del proceso independentista persiguió un enriquecimiento personal y atacó intereses financieros de la Unión Europa y, por tanto, entra dentro de las excepciones a la amnistía que contempla la propia ley.
Fuentes del Supremo consultadas por Onda Cero, encuentran muy "difícil de creer" que el Tribunal Constitucional pueda acceder a esta petición de Puigdemont, que significaría dejar sin efecto una medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo, máximo intérprete de las leyes ordinarias como la que “se discute”.
La orden de detención para los fugados fue dictada por el juez Pablo Llarena como una medida cautelar en la causa en la que les mantiene procesados por malversación durante el procès. Aunque el magistrado renunció a mantener activas las órdenes de detención europea e internacional, la orden nacional sigue vigente, de modo que si Puigdemont, Comín o Puig entran en España serán detenidos y conducidos ante el magistrado del Supremo, que puede decretar su libertad provisional o su ingreso en prisión preventiva.
Al ser una medida cautelar gravosa, esta última opción que supone el ingreso en la cárcel del ex presidente de la Generalitat que lideró el procès ha ido perdiendo fuerza no sólo porque sus ex consejeros, ya condenados, han sido indultados, sino porque además existe una Ley en vigor que amnistía los delitos del proceso independentista, y la justicia -TC y TJUE- puede terminar dándoles la razón sobre el delito de malversación. En todo caso es una decisión que ha de tomar el magistrado Pablo Llarena de manera motivada.
