Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso contra la resolución judicial que propone enjuiciarla por un supuesto delito de malversación. Su defensa, encabezada por el exministro Antonio Camacho, defiende que las gestiones puntuales realizadas por su secretaria en Moncloa no constituyen delito y se enmarcan dentro de las costumbres sociales del ámbito laboral. Además, remarcan que Gómez no puede ser considerada funcionaria pública a efectos legales, por lo que no se cumplirían los requisitos objetivos del delito de malversación.
La argumentación de la defensa
Según el recurso presentado por la defensa de Begoña Gómez, es "habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones personales, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos". Añade que "difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación", y califica esa postura de "interpretación extraordinariamente extensiva y alejada de la realidad del Código Penal".
Asimismo, recalcan que la secretaria ayudó a Gómez puntualmente y por "relación de amistad", no de forma sistemática ni usando recursos públicos con fines ilícitos.
La existencia de gestiones relacionadas con la cátedra
El origen de la investigación se sitúa en una serie de correos electrónicos entre la secretaria de Gómez, Cristina Álvarez, y responsables de la Universidad Complutense, relativos a la extinta cátedra de Transformación Social Competitiva. El juez Peinado considera que estos actos podrían encuadrarse como malversación por dedicarse a funciones privadas en horario laboral sufragado por fondos públicos. La defensa insiste en que estos correos fueron enviados de manera puntual y no supusieron un perjuicio al interés general ni al cumplimiento de las tareas oficiales asignadas a Álvarez.
Gómez niega ser funcionaria pública
Otro punto central del recurso es que Begoña Gómez, al ser cónyuge del presidente, "no ostenta funciones públicas ni jurisdicción propia". La defensa objeta que el auto judicial desatiende esta condición elemental, pues el tipo penal exige realizar el acto de malversación en el ejercicio de funciones públicas, lo que, según Camacho, no se cumple en este caso.
Posición del juez y próximos pasos
El juez Juan Carlos Peinado impulsó la vía del tribunal del jurado ante la supuesta existencia de delito cometido por funcionario público en el ejercicio de su cargo, y basó su decisión en las mencionadas gestiones atribuidas a la secretaria de Gómez. La defensa espera que la Audiencia Provincial revise la fundamentación del auto y archive la causa al no existir, a su juicio, indicios sólidos de criminalidad.
