Según informa la Guardia Civil, agentes de este cuerpo están registrando entidades públicas, mercantiles, despachos profesionales y domicilios en las provincias de Barcelona y Tarragona, así como en el Ayuntamiento de Tarragona, donde investiga posibles delitos contra la Administración Pública.
Las cuatro personas detenidas son dos empresarios, un cargo público y un ex cargo público, en concreto Gustavo Cuadrado, ex jefe de gabinete del alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC).
Durante la mañana de hoy, la Guardia Civil de Tarragona, en el marco de la Operación Anfiteatro, que se inició a raíz de las actuaciones practicadas a finales del año 2015 y que afectaba al Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona por la adjudicación de un contrato a la mercantil Inipro, está practicando simultáneamente ocho registros en la provincia de Barcelona y tres en la de Tarragona.
Las entradas y registros se realizan en el Ayuntamiento de Tarragona para acceder al servidor y obtener datos de uno de los detenidos; en los ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans (Barcelona); en dos mercantiles en Barcelona y Viladecans (Barcelona); en un despacho profesional de Viladecans y en otro de Reus (Tarragona) y en los domicilios de los cuatro detenidos.
Las actuaciones de hoy, que se encuentran bajo secreto de sumario, están tuteladas por el juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona.
El juez investiga los detalles de la contratación de Inipro mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que el ex gerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona Antonio Muñoz invitó a las empresas Inipro, Itinere y Gallets Associats.
Inipro e Itinere son del mismo grupo y Gallets tiene vinculaciones, aunque se retiró del procedimiento alegando exceso de trabajo, pese a que su actividad no tiene nada que ver con el objetivo del contrato, que era atender a la población inmigrante.
El contrato lo ganó Itinere y en el 2010 se le pagaron 64.000 euros, pero se prorrogó durante el 2011 y el 2012 y el juez cuestiona los 215.000 euros facturados de forma presuntamente irregular.
El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, autorizó los pagos de siete facturas pese a las advertencias en contra porque "no podía hacer nada más o hubiera cometido un delito de enriquecimiento injusto".
Ballesteros declaró ante el juez el pasado 26 de enero, y días después lo hicieron una decena de investigados más, entre ellos la exconcejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrín, el exgerente del IMSS Antonio Muñoz, el ex subdelegado del Gobierno en Tarragona Joan Maria Abelló o Alejandro Caballero, miembro destacado de las Juventudes Socialistas y contratado por Inipro.
Gustavo Cuadrado dejó su cargo inesperadamente el pasado 27 de octubre para afrontar "nuevos retos profesionales".
El Ayuntamiento de Tarragona negó entonces categóricamente que la marcha de Cuadrado tuviera alguna relación con las últimas investigaciones policiales relacionadas con el caso Inipro.
La portavoz municipal del consistorio, Begoña Floria, declaró al respecto que la marcha de Cuadrado no tenía nada que ver con el caso y que el responsable de gabinete ya había comunicado a la alcaldía su decisión de abandonar este puesto de trabajo hace quince días.
