La decisión del Tribunal Constitucional de paralizar, por primera vez en la historia, el plan judicial del Gobierno de modificar a través de dos enmiendas el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado una crisis institucional sin precedentes.
El PP invocaba el artículo 23 de la Constitución en su recurso
Con la admisión a trámite de las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en un recurso, los magistrados han entendido que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores 'populares', que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.
El recurso 'popular' se ha admitido por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista). Uno de los votos del sector progresista ha sido el de la magistrada María Luis Balaguer, que ha explicado su posición en Más de uno y ha comentado que "yo no vi razonable que se pudiera interrumpir una votación en un Parlamento, no me parece propio del respeto a la soberanía nacional".
Además, la magistrada explica que el TC es un órgano que está llamado al control y debe ser siempre a posteriori, cuando la ley ya está en vigor.
La resolución del TC llega después del aplazamiento del pasado jueves del Pleno del TC porque los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes.
¿Qué hará ahora el Senado?
El Congreso y el Senado recibieron anoche un escrito firmado por el presidente del Constitucional, Pedro José González-Trevijano, en el que se le comunicaba la parte dispositiva del auto acordado tras el recurso de amparo presentado por el PP.
Los cambios en Las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional ya fueron aprobados por el Congreso y estaba previsto que esta semana recibieran la luz verde del Senado. Ahora, la Mesa del Senado estudia cómo aplicar la resolución del Constitucional.
Esas dos reformas no se tramitarán y los senadores solo podrán debatir y votar la del Código Penal para convertir la sedición en un delito agravado de desórdenes públicos y rebajar las penas por el delito de malversación.
Reacciones del Gobierno y oposición
Los presidentes del Congreso y del Senado mostraron anoche su preocupación por la decisión del Constitucional de intervenir en el poder legislativo y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, consideró que era de "una gravedad máxima" al afectar a los fundamentos de la separación de poderes.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet ha dicho que "es un hecho que carece de precedentes y se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado".
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en Onda Cero que si el procedimiento elegido por el Gobierno para la elaboración de la norma era inconstitucional se tendría que haber hecho "como siempre se ha hecho"; esperar a la aprobación de la norma y, después, llevarla al Tribunal Constitucional pidiendo las medidas cautelares.
La parte morada del Gobierno (Unidas Podemos) ha convocado a una reunión a "los grupos de la mayoría parlamentaria progresista y plurinacional para tratar el desbloqueo inmediato del CGPJ y el TC" después de la resolución. Lo ha anunciado el portavoz del grupo, Pablo Echenique, en un mensaje en sus redes sociales en el que además calificó como "de una gravedad extrema" que "un poder judicial sin legitimidad democrática ha dado un golpe al poder legislativo".
El grupo ya había avanzado que va a "agotar todos los recursos previstos en la ley, en la vía interna del ordenamiento español"; es decir, ante el propio TC, antes de ir al TJUE.
