El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este lunes los recursos de Vox y PP, validando así la reforma legal que impide que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducado, como el actual, pueda realizar nombramientos discrecionales. U
Esta limitación de funciones ha llevado al Tribunal Supremo (TS) al borde del colapso por la crisis de vacantes, con un total de 23 plazas sin cubrir, una situación que afecta ya a todas sus salas.
El Constitucional ha celebrado un Pleno monográfico para debatir los dos borradores que había sobre la mesa: uno de la magistrada progresista María Luisa Balaguer sobre el recurso de Vox, que proponía avalar la reforma; y otro del magistrado conservador César Tolosa sobre el recurso del PP contra la misma modificación legal, que abogaba por tumbarla.
Ponencias enfrentadas
Tal y como estaba previsto, la mayoría de los magistrados, los 7 progresistas frente a los 4 conservadores, se ha decantado por la ponencia de Balaguer, que ahora se encargará también de la relativa al recurso 'popular' después de que Tolosa haya declinado adaptar su borrador al sentir de la mayoría del Pleno.
Además de Tolosa, los otros tres magistrados del bloque conservador, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, han anunciado voto particular contra esta sentencia.
De acuerdo con las citadas fuentes, el texto propone respaldar la reforma del CGPJ al considerar que el artículo 122 de la Constitución da margen suficiente al legislador para regular el órgano de gobierno de los jueces.
El referido precepto señala, sobre el CGPJ, que "la ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario".
Además, Balaguer incide en que la Constitución expresa claramente que el CGPJ tiene un mandato de cinco años, tras los cuales debe renovarse, por lo que no contempla un Consejo en funciones. De ahí que defienda que éstas se limiten, sobre todo si tienen un carácter discrecional.
En cambio, la ponencia elaborada por Tolosa entendía que, aunque dicho artículo permite al legislador modular el funcionamiento interno del CGPJ, no le otorga tanta libertad como para despojarlo de una de las funciones que le encomienda la Carta Magna, esto es, la de realizar nombramientos.
Asimismo, el magistrado conservador cuestionaba la oportunidad política de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), haciendo hincapié en que, si se quería limitar sus poderes para forzar su renovación, se debía haber hecho cuando venció su mandato, el 4 de diciembre de 2018, no tres años después.
Las fuentes aclaran que ninguno de los dos textos hace referencia a la contrarreforma exprés aprobada en julio de 2021 para devolver al CGPJ su capacidad de hacer nombramientos discrecionales pero únicamente para designar a sus dos candidatos al TC.
Esa segunda modificación posibilitó que el pasado enero se produjera la renovación parcial del Constitucional que estaba pendiente desde junio de 2022, provocando un vuelco desde la entonces mayoría conservadora a la actual progresista.
La reforma pretendía empujar al PP a la mesa de negociaciones
Vox y PP alegaban en sus respectivos recursos que la modificación efectuada en marzo de 2021 a la LOPJ para prohibir que un CGPJ en situación de interinidad cubra las vacantes generadas en los altos tribunales es inconstitucional.
La reforma pretendía empujar al PP a la mesa de negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero la falta de avances para nombrar nuevos vocales propició que en julio de 2022 las Cortes Generales aprobaran la segunda reforma.
Estos recursos iban a ir a Pleno en el mes de junio, una vez superados los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, pero el adelanto electoral al 23 de julio trastocó los planes de la corte de garantías para no interferir tampoco en estas votaciones.
