El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado tramitar una proposición de ley, presentada por el PSOE, para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo, en referencia a casos como la Fundación Francisco Franco.
El PSOE ha logrado el apoyo de todos sus socios y también del Partido Popular para poner en marcha la reforma de la ley orgánica reguladora del derecho de asociación e incluir como causa de disolución de una asociación la apología del franquismo, adaptando así esta normativa, de 2002, a la Ley de Memoria Democrática, de 2022. Solo los 33 diputados de Vox han votado en contra de la toma en consideración de esta iniciativa.
La Ley de Memoria Democrática recoge expresamente la obligación de modificar la citada ley de asociaciones para disolver aquellas que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura franquista o que "enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas".
Al margen de esta reforma legal, que no menciona expresamente a la Fundación Nacional Francisco Franco, el Gobierno inició en junio el proceso para extinguir esta fundación, empleando otro punto de la ley de memoria, que recoge la posibilidad de pedir a un juez la extinción de una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo.
El PSOE ha logrado que su proposición de ley pase el primer filtro del Congreso de los Diputados, a pesar de que sus socios le han exigido más valentía y firmeza con las políticas de memoria y de que ERC y Junts le han avisado de que una ley no basta para disolver la Fundación Francisco Franco porque luego los jueces la aplicarán "como les da la gana", como en el caso de la amnistía. Motivo por el que ERC ha anunciado que presentará enmiendas durante la tramitación.
Durante el debate se han vivido momentos de tensión cuando intervenía el diputado del PP Jaime de Olano, que se ha referido al PSOE como un "estercolero moral", ha cargado contra el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y ha mencionado la investigación judicial a Begoña Gómez, o la reforma legal que puede beneficiar a algunos presos de ETA.
El popular ha sido llamado al orden y el vicepresidente de la Mesa, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha aceptado retirar sus "insultos" tras exigirlo la diputada del PSOE Montserrat Mínguez.
