Durante los meses previos al referéndum del 9-N realizaron una encuesta en tres millones de domicilios de todo el territorio catalán.
Muchas fueron puerta a puerta, que hicieron encuestadores voluntarios y que, por ejemplo, se formulaban así: 'Si Cataluña fuera un Estado, tendría entre 8.000 y 16.000 euros más, ¿cómo piensa que se deberían gastar?'. También interrogaban al ciudadano acerca de si votaría o no.
La Agencia de Protección de Datos constató que en la aplicación informática donde figuraban las 82.000 encuestas volcadas, se especificaba qué vecinos habían abierto la puerta y cuáles no.
Los reticentes eran fácilmente identificables y por eso le cayó a Òmnium Cultural una multa de 200.000 euros, que ahora confirma la Audiencia Nacional.
Omniúm trató datos sensibles sin consentimiento expreso y esto fue una infracción muy grave de la Ley de Protección de Datos.