El PSOE rebajó el alcance del acuerdo alcanzado con Junts para ceder las competencias de migración a Cataluña a cambio de que la formación independentista se abstuviera y permitiera la convalidación de los decretos del Gobierno.
La consellera de Presidencia de la Generalitat (ERC), Laura Vilagrà, contactó con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para pedirle concreciones sobre el traspaso de las competencias, que deberá gestionar el Govern de ERC.
"Es un pacto muy difuso"
Bolaños le aclaró que el pacto no se trataba de un traspaso en las competencias, sino una "delegación", aunque la propia Vilagrà, en conversaciones con RAC1 consideró el acuerdo "muy difuso" porque no había un "pacto" sobre qué delegaciones "se tienen que hacer" y ni tampoco nada "concreto ni inminente".
Dudas constitucionales sobre la cesión de las competencias
EFE recogía este jueves las dudas constitucionales al respecto del acuerdo, ya que la Carta Magna establece que estas son materia exclusiva del Estado (artículo 149.1), aunque al mismo tiempo abre la puerta a delegarlas o transferirlas en función de la "propia naturaleza" de estas cuestiones (artículo 150.2).
Fuentes consultadas por la agencia establecen que la medida es "inconstitucional" al tratarse de una materia que "no es susceptible de ser cedida, delegada o transferida" a una comunidad autónoma, puesto que es un asunto de primer orden para el Estado, mientras otras se amparan en que no es lo mismo delegar que transferir.
Aunque otras fuentes consultadas por Europa Press apuntan a un "resquicio técnico" bajo el cual se podría hacer: el mencionado artículo 150.2 que alude a la "naturaleza" de las materias, un "concepto jurídico indeterminado", según David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.
Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de País Vasco, ve "claramente inconstitucional" ceder a Cataluña las competencias porque afecta a la "propia unidad del Estado", aunque José María Porras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y cátedra Jean Monet sobre migraciones, explica que es posible "atribuir su gestión" porque la inmigración es un tema "transversal" que afecta a cuestiones "laborales, sanitarias o sociales, que proveen las comunidades autónomas".
El Gobierno dice que están "dentro de un marco constitucional"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que el Gobierno está "dentro de un marco constitucional", respecto a lo acordado con Junts, y que también están dentro "de una negociación realizada entre partidos y, como digo, que se circunscribe evidentemente y que está dentro de un marco Constitucional".
En este sentido, ha precisado que la delegación de competencias "tendrán que ser desarrolladas por una ley orgánica, que hay que elaborar, que hay que trabajar". En todo caso, ha expuesto que "hay que buscar los consensos necesarios para sacarla adelante".
La respuesta de las comunidades autónomas
Lo que está claro es que la medida no ha pasado inadvertida, no sólo para los expertos migratorios y en Derecho Constitucional, sino también para las otras comunidades autónomas, por cómo podrían verse afectadas ellas si se llegase a consumar el pacto y la cesión a Cataluña del tema migratorio.
Canarias
Barones autonómicos del PP han exigido de inmediato la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes al considerar que los acuerdos "pisotean" la igualdad entre los españoles. El Gobierno de Canarias ha solicitado una reunión urgente de la comisión sectorial de inmigración y ha mostrado su "preocupación" por el acuerdo, del que quieren conocer la "letra pequeña".
Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla
La Comunidad Valenciana ha exigido al Gobierno que explique el acuerdo y su alcance, mientras Baleares ha pedido una reunión de la Conferencia Sectorial y saber qué implicaciones tendrá. Melilla también ha solicitado la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas por los posibles "efectos perniciosos" que puede llegar a tener la medida con las dos ciudades del norte de África.
País Vasco
Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado que el Gobierno transfiera "ya" a Euskadi las competencias sobre migración tras el acuerdo con Junts después de que sea una reclamación del Gobierno Vasco desde la pasada legislatura y que está recogida en el Estatuto de Autonomía. La competencia sobre acogida de migrantes es una de las tres materias que deberían traspasarse a Euskadi en los próximos tres meses y que PSOE y PNV recogieron en el acuerdo para el apoyo de los nacionalistas a la investidura de Pedro Sánchez. Las otras dos son el traspaso de cercanías de Renfe y la homologación de títulos universitarios extranjeros.
Comunidad de Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las más contundentes respecto a la medida al acusar al Gobierno de no gestionar política "sino extorsión" y al recordar que hace poco Pedro Sánchez decía en un vídeo que los de Junts "hacían políticas supremacistas, racistas y xenófobas": "¿Van a dar Extranjería a quienes hacen racismo con los ciudadanos? Son de los pocos políticos que hay en España, junto a algunos en el País Vasco, que hablan de los ciudadanos según el origen", ha dicho.
Castilla-La Mancha
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado la medida, ya que en su opinión "no tiene nada de progresista" y prueba de ello es que si estas competencias "las hubiera pedido Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras". "Ningún Estado puede renunciar, bajo ningún concepto, a la competencia en fronteras y por tanto en emigración, ya que el control de las fronteras es la expresión más elemental de soberanía".
