CASO MASCARILLAS

Los comisionistas investigados por beneficiarse de las mascarillas: de Madrid a altos cargos del Gobierno

El juez investiga las comisiones millonarias cobradas al Ayuntamiento de Madrid por el caso de las mascarillas, pero también otros contratos que firmó el Gobierno y que supusieron mucho gasto para las arcas públicas en los peores momentos de la pandemia.

ondacero.es

Madrid | 19.04.2022 06:11

Fotografía de archivo de varias mascarillas. / Pexels
Fotografía de archivo de varias mascarillas. | Pexels

Las mascarillas se convirtieron en un elemento imprescindible desde el inicio de la pandemia en 2020. La alta demanda que comenzó en marzo de hace dos años propició que las administraciones intentaran cerrar contratos para adquirir material sanitario para luchar contra el coronavirus.

En este escenario entraron en acción muchas personas que intentaron sacar tajada de la urgencia de la situación. Fue el caso de Luis Medina y Alberto Luceño, imputados por comisiones millonarias cobradas al Ayuntamiento de Madrid en el caso de las mascarillas.

Los dos trataron de obtener un “exagerado e injustificado beneficio” por la compra de material sanitario en una época de plena necesidad para la población y engañaron a altos funcionarios del Ayuntamiento de la capital para hacerse con millones en comisiones a costa de entregar elementos defectuosos en algunos casos.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, defendió que habló por teléfono con el empresario Luis Medina solo después de cerrarse el contrato para agradecerle su donación de más de 180.000 mascarillas. “En el momento cuando estaba cerrado hablé con el señor Medina para agradecer la donación. Fue exclusivamente en ese momento. Pueden comprobar en el sumario que el 24 de marzo es cuando se cierra el contrato, y que hablo con él el 26 de marzo", resaltó.

Los contratos firmados por el Gobierno

Entre los muchos casos que están siendo investigados, también se encuentran los contratos que adjudicó el Gobierno. Isabel Díaz Ayuso presentó una denuncia sobre 12 contratos que supusieron 326 millones de euros.

La denuncia del Partido Popular de Madrid no es la única que salpica al Gobierno, ya que Vox también ha presentado una querella admitida a trámite. Son tres personas las acusadas por Vox y que ya están siendo investigadas.

Se trata de Alfonso María Jiménez, director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio Nacional de Saludo y Farmacia, y Paloma Rosado, directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

En estos casos, el juez investiga la adjudicación de más de 310 millones de euros por la adquisición de material sanitario en los peores meses de la pandemia (marzo y abril de 2020). En los interrogatorios, los implicados afirman que Salvador Illa -ministro de Sanidad de entonces- estaba al tanto de las gestiones.

El caso del hermano de Ayuso

Anticorrupción también analiza las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid tras la denuncia interpuesta por los grupos de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid. En estos contratos intervino como intermediario el hermano de Ayuso, Tomás Díaz Ayuso.

La propia presidenta regional admitió que su hermano se llevó una comisión de 55.850 euros, lo que trata de investigar la Fiscalía Anticorrupción.