La Comisión Europa ha presentado ante el TJUE un documento en el que señala que la ley de amnistía existe como "parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno" y rechaza que tenga "interés general" para la UE.
Así lo afirma el diario El Español, que ha tenido acceso al documento presentado por los agentes de la Comisión Europea, quienes sostienen en dichas observaciones que la normativa es una "autoamnistía" "contraria al principio del Estado de derecho".
En un día en el que el Tribunal Constitucional celebra un Pleno en el que comienza a estudiar el borrador de la ley de amnistía, las reticencias de la Comisión Europea salen a la luz, pese a que este informe no será vinculante para el TJUE.
Los agentes de la Comisión Europea argumentan que la obligación de "oír a ciertas partes del procedimiento" y no a otras, como Sociedad Civil Catalana por ejemplo, es "contraria a los principios de contradicción y de igualdad de armas", por lo que impediría a las demás partes debatir "de forma contradictoria sobre los elementos tanto de hecho como de derecho decisivos para la resolución del procedimiento".
Sigue el documento afirmando que se introduce una "diferencia de trato con respecto a las personas, habiendo cometido los mismos hechos, pero en contextos diferentes, por motivos distintos o en momentos diferentes, no se benefician de la amnistía y siguen siendo objeto de procedimientos y sanciones penales".
La "impunidad" de socios del Gobierno "a cambio de apoyo parlamentario"
Así, consideran que se vulnera el "principio de proporcionalidad que exige que, en cada caso, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para alcanzar en última instancia un objetivo legítimo". Además, señalan que el órgano jurisdiccional nacional debe "verificar" si la normativa tiene como objetivo el "interés general reconocido por la UE", aunque afirman que "no parece que la ley responda efectivamente" a esa meta.
"Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario", zanja el documento, según la información de El Español.
Por otro lado, coincide en los plazos que tendría la ley de amnistía de aplicarse, esto es, dos meses para hacerla efectivo en el caso de que se tramite de manera prioritaria.
