El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha pedido al Tribunal Supremo que abra juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que sea condenado a cuatro años de cárcel e inhabilitado para el cargo por una presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Así lo ha efectuado a través de un escrito en el que también solicita la suspensión de García Ortiz como fiscal durante tres años, la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general y una multa de 81.000 euros.
Respecto a Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, que también está procesada, el ICAM considera que es "cooperadora necesaria" de la presunta revelación de secretos. Así las cosas, el organismo solicita tres años de prisión para Rodríguez, la suspensión del empleo durante dos años y una multa de 27.000 euros.
Secreto profesional lacerado
El ICAM sostiene que García Ortiz y Rodríguez, "amparándose como norma de cobertura en el deber de informar a la opinión pública sobre acontecimientos relevantes, y con el argumento sofista de que estaban saliendo al paso de un bulo, eran conscientes de que se estaba lacerando el secreto profesional, la guarda del debido secreto de los asuntos reservados conocidos por razón de su cargo y los derechos del justiciable".
"Los acusados tenían deber de guardar secreto, no revelando información sensible de la que tenían conocimiento por razón de sus respectivos cargos, y que no deberían haber divulgado", advierte el comunicado.
Tenían deber de guardar secreto, no revelando información sensible
Según hace constar el ICAM en el escrito, el fiscal general y la jefa de la Fiscalía de Madrid actuaron "con pleno desprecio a los principios de legalidad e imparcialidad" y "eran conscientes" de que "estaban trascendiendo a la opinión pública elementos confidenciales sobre responsabilidad penal y autoría que afectaban de pleno al derecho de defensa del afectado".
