El instructor del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Alberto Jorge Barreiro, proseguirá este martes con su calendario de interrogatorios a los aforados nacionales en la causa, y en concreto con la comparecencia del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, diputado en el Congreso, mientras que el jueves prestará declaración el exconsejero de Presidencia y también parlamentario en la Cámara Baja Gaspar Zarrías.
Para poder interrogar a Zarrías, el instructor ya tiene sobre la mesa el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil (UCO) sobre Zarrías y la senadora Mar Moreno, cuya comparecencia cerrará la ronda de declaraciones en el alto tribunal, han informado fuentes del Supremo.
Dicha investigación se centra en los actos que adoptaron como consejeros de Presidencia de la Junta de Andalucía y que pueden estar relacionados con los hechos que son objeto de la causa que le fue remitida por la juez de Sevilla Mercedes Alaya.
Con respecto a Chaves, al igual que el resto de aforados fue citado en calidad de "imputado" en relación con los "actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a personas físicas".
En su exposición razonada, aceptada por el Supremo, la juez de Sevilla que investiga la matriz de esta causa acusa indiciariamente a los aforados de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y sobre estas acusaciones pivota la instrucción en el alto tribunal.
A Chaves se le cita en relación a actos realizados como presidente de la Junta Andaluza y previsiblemente se le preguntará en relación con el informe de peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) que cuestiona el sistema elegido para la otorgarlas ayudas socio-laborales cuestionadas a través del instrumento presupuestario denominado "transferencias de financiación".
En su informe pericial, los peritos consideran "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas.
De esta ayudas se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.
Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Alvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.
El primer aforado en declarar en el Supremo fue el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien declaró que, con el sistema de concesión de ayudas sociolaborales que se implantó en Andalucía, él pretendía "instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a las necesidades urgentes".
En el curso de su declaración, Viera rechazó conocer los programas presupuestarios concretos que se investigan en la causa por los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía "porque su cargo era político y no entraba en el detalle de la denominación de las partidas" o en la sistemática económico-contable empleada. Se presentó como un maestro sin conocimientos jurídicos concretos al respecto.
Por su parte, el también expresidente andaluz José Antonio Griñan reconoció el pasado jueves ante el instructor que lo sucedido con el asunto de los ERE es "una barbaridad" y que todas las ayudas concedidas de forma "aleatoria y sin control" merecen una responsabilidad política e incluso penal pero ha añadido que, sobre este asunto, la actuación de su Consejería fue "irreprochable".
