El presidente del TSJM ha reconocido que hay un acuerdo con la Comunidad de Madrid para pagar a jueces, secretarios judiciales y otros funcionarios que asesoren en la renovación tecnológica. Una especie de primas que se realizan a través de la empresa, Indra, y que nunca se han ocultado. Además ha segurado que los pagos han sido declarados a Hacienda.
En un comunicado, Vieira ha explicado que su intervención fue esencial para dotar de las herramientas adecuadas al proceso judicial y que no se realizaron funciones propias de su cometido como magistrados. Ha añadido, además, que sus trabajos se hicieron fuera de su horario laboral con gran esfuerzo por parte de los juristas, por lo que se acordó con Indra una compensación económica.
El CGPJ tendrá que determinar si hay falta disciplinaria y comprobar si los jueces incurrieron en incompatibilidades por asesorar en una herramienta informática para la gestión procesal para la Comunidad de Madrid. El organismo se ha reunido este lunes con caracter extraordinario para estudiar el asunto y, por unanimidad, ha pedido al servicio de inspección toda la información para aclarar los hechos.
