La Audiencia de Barcelona ha acordado amnistiar a cerca de 40 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, procesados por su implicación en los preparativos del referéndum del 1 de octubre de 2017, así como al exconseller de Exteriores Raül Romeva en la causa por la promoción exterior del 'procés'.
Esta decisión, adoptada por la sección 21ª del tribunal, responde a la petición de la Fiscalía y supone un giro relevante en la aplicación de la ley de amnistía, en vigor desde junio de 2024. El auto revoca la resolución que dejaba a los investigados a un paso de juicio, en una de las causas más significativas derivadas del proceso soberanista catalán.
El papel de la Fiscalía y el alcance de la amnistía
La Fiscalía fue clara en su postura: defendió que los encausados debían ser amnistiados, al considerar que sus actuaciones estaban vinculadas a la financiación y organización del referéndum, delitos que quedan exonerados por la nueva ley. Entre los beneficiarios se encuentran figuras clave del "sottogoverno" catalán y exdirectores de medios públicos, que durante años han defendido su inocencia y el carácter político de la causa.
El Tribunal Supremo, en resoluciones previas, había rechazado amnistiar a Carles Puigdemont y a los exconsellers por delitos de malversación, pero sí abrió la puerta a la amnistía para sus subordinados, al entender que estos se limitaron a ejecutar órdenes y no decidieron el destino de los fondos públicos.
Una investigación prolongada y polémica
La causa tiene su origen en la investigación del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que desde 2017 indagó en la financiación y la logística del referéndum. Los procedimientos judiciales se centraron en los gastos públicos destinados a la organización del 1-O y en la promoción exterior del 'procés', lo que llevó a la imputación de cargos intermedios, empresarios y responsables de medios públicos catalanes.
Tras la entrada en vigor de la ley de amnistía en junio de 2024, que otorga a los tribunales un plazo de dos meses para resolver sobre su aplicación, la causa experimentó un notable retraso. Las discrepancias entre jueces sobre la interpretación de la norma y sobre quién debía ejecutarla mantuvieron en vilo a los encausados y a la opinión pública, en un contexto de fuerte polarización política y social.
Una polémica con Europa
La decisión de la Audiencia de Barcelona llega en un momento de revisión judicial del alcance de la ley de amnistía, mientras la justicia europea se prepara para analizar su compatibilidad con los principios comunitarios el próximo mes de julio. En paralelo, otras resoluciones recientes han beneficiado a agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O, en un intento de cerrar heridas abiertas desde la crisis política de 2017.
La aplicación de la amnistía a estos cargos y empresarios supone un paso más en el proceso de normalización institucional en Cataluña, aunque el debate sobre la ley y sus efectos sigue vivo tanto en el ámbito judicial como en el político.
"La resolución de la Audiencia de Barcelona marca un antes y un después en la aplicación de la amnistía y pone fin a una de las principales causas judiciales derivadas del 1-O", señalan fuentes.
