La validación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Constitucional ha sido celebrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una “magnífica noticia para España”. A su juicio, la medida favorece la convivencia entre ciudadanos y territorios, y consolida el marco democrático tras años de tensión política. Sin embargo, esta postura contrasta notablemente con lo que el propio Sánchez afirmaba no hace tanto tiempo.
A lo largo de los últimos años y en múltiples ocasiones, Pedro Sánchez negó de forma tajante cualquier posibilidad de aprobar una ley de amnistía. En octubre de 2019 llegó a afirmar que era una propuesta “inconstitucional”, “ilegal” y que no tenía “cabida en nuestro ordenamiento constitucional”. En noviembre de 2022, a solo meses de las elecciones generales, reiteraba que la amnistía era algo que “este gobierno no va a aceptar”. Y en julio de 2023, en plena campaña electoral, insistía: “El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido”.
Sin embargo, tras las elecciones del 23 de julio de 2023, la necesidad de contar con los votos de Junts y de Carles Puigdemont para formar gobierno cambió el relato. La amnistía se convirtió en moneda de cambio política y en cuestión central para sacar adelante la investidura. A partir de entonces, el discurso viró hacia la justificación de la medida como un instrumento de estabilidad institucional y reconciliación.
El cambio de Salvador Illa
El giro no ha sido exclusivo del presidente. Salvador Illa, líder del PSC y presidente de la Generalitat, también protagonizó un cambio llamativo. En noviembre de 2022 afirmaba categóricamente: “Ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro”. Un mensaje rotundo que fue recibido con aplausos.
Ahora, en cambio, Illa asegura que “la ley de amnistía ha funcionado desde su aprobación” y que “las cosas van mejor en Cataluña”, defendiendo la norma como un instrumento legítimo siempre que se respete “el marco de convivencia”.
