El conflicto en la Justicia española da un nuevo giro tras la amenaza de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que advierte con sumarse a la protesta activa contra las reformas del ministro Félix Bolaños. La asociación, hasta ahora reacia a la huelga, ha reaccionado con dureza a una enmienda del PSOE que otorga a los fiscales sustitutos convertidos en fijos el privilegio de elegir destino por delante de cualquier otro fiscal, agudizando la fractura interna en la carrera fiscal y elevando la presión sobre el Gobierno.
La UPF, al borde de la ruptura con Bolaños por la enmienda del PSOE
La UPF, tradicionalmente alineada con las reformas de modernización de la Justicia, ha mostrado su "absoluto rechazo" a la enmienda introducida por el PSOE en el proyecto de ley para la estabilización de los fiscales sustitutos. Según la propuesta, más de 300 fiscales que accedan por esta vía extraordinaria podrán elegir destino antes que los fiscales de carrera, quienes habitualmente deben esperar su turno en los concursos de traslado.
"Un derecho que jamás se ha reconocido en ningún proceso de acceso a la función pública, ni, por supuesto, a la Carrera fiscal", denuncia la UPF, que recuerda el "coste personal y familiar" que asumen los fiscales de carrera al tener que residir años lejos de su domicilio hasta poder concursar a una plaza deseada.
La asociación progresista, que hasta ahora se había desmarcado de la huelga de jueces y fiscales, advierte que si el PSOE no retira la enmienda reconsiderará su postura y podría pasar a rechazar en bloque el proyecto legislativo del Ministerio de Justicia. Exigen que las nuevas plazas sean primero ofertadas a toda la plantilla en concurso ordinario y, solo después, a los sustitutos recién estabilizados
Bolaños minimiza el impacto de la huelga y defiende sus reformas
En plena escalada de tensión, el ministro Félix Bolaños ha publicado en redes sociales los datos oficiales de seguimiento de la huelga de jueces y fiscales: "Según los datos oficiales facilitados al Ministerio por los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus CCAA, la incidencia del paro el 2 de julio ha sido del 30,84%. Ayer, 1 de julio, fue del 28,75%." Estas cifras contrastan de forma notable con las ofrecidas por las asociaciones convocantes, que hablan de hasta un 75% de seguimiento.
Bolaños ha insistido en que "los datos que maneja el ministerio son muy diferentes" a los de los convocantes y ha puesto en duda los motivos alegados para la huelga, defendiendo que las reformas son "imprescindibles para modernizar la Justicia". Además, ha recordado que el derecho a huelga implica también el "deber" de no cobrar el salario correspondiente a los días de paro, subrayando que "ni el comité de huelga está en huelga" porque no se han comunicado oficialmente los nombres de quienes han secundado el paro.
Fractura total en la carrera fiscal y presión sobre el Gobierno
La enmienda sobre los fiscales sustitutos ha conseguido unificar el rechazo de todas las asociaciones de jueces y fiscales, incluidas las más progresistas, que hasta ahora se mantenían al margen de la protesta. Tanto la UPF como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han pedido una reunión urgente con el ministro para exigir explicaciones y reclamar la retirada inmediata de la medida.
El malestar se extiende entre los fiscales de carrera, que ven amenazado el principio de igualdad en el acceso y promoción dentro de la función pública. La crisis amenaza con desbordar la estrategia del Gobierno en plena negociación de las reformas judiciales y en un contexto de movilización sin precedentes en la Justicia española.
