El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre las que se incluye una nueva ayuda de casi 30.000 euros en programas de alquiler con opción a compra para gente joven.
El líder del Ejecutivo explicó, además, que se va a poner en marcha un seguro de impago de rentas para jóvenes, otras ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural, y que se triplicará el presupuesto que transfiere a las autonomías en materia de vivienda si estas se comprometen también a impulsar la vivienda en régimen de protección oficial.
Estas medidas fueron anunciadas por Sánchez durante la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, pero no gustaron a su principal socio de Gobierno, que no tardó en expresar públicamente su malestar y en criticar unas medidas que calificaron como "transferencias directas a los caseros".
La propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, escribió un mensaje en redes sociales en las que afirmaba que "las ayudas al alquiler son transferencias directas al bolsillo de los caseros" y reclamó que "lo urgente es bajar los precios y esta medida va en dirección contraria" y "solo conseguirá subir más los alquileres".
Tras la líder de Sumar se han expresado en la misma línea algunos de sus ministros como Ernest Urtasun. El ministro de Cultura calificó estas ayudas como "gasolina al fuego" que impulsarán el alza de los precios y la especulación.
También la ministra de Sanidad, Mónica García, exigió "intervenir el mercado, multiplicar el parque público y frenar la especulación que convierte un derecho en un lujo".
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, afirmó que estas subvenciones al alquiler "solo funcionan si las rentas están topadas" y pidió "prohibir la compra especulativa y congelar los alquileres".
