La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de pedir a Moncloa los correos de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los analizara.
El magistrado pidió los correos que Gómez envió y recibió entre 2018 y 2025 desde su cuenta institucional para conocer si hubo malversación en el uso de su asesora para tareas académicas. En un auto al que han tenido Europa Press y EFE, los magistrados acuerdan dejar sin efecto la petición de Peinado al considerarla "desproporcionada".
Viene a dar la razón a los recurrentes sobre que es una medida carente de la justificación necesaria
Además, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid asegura que la petición de los correos carece de justificación necesaria e incumple los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, especialidad, necesidad e idoneidad, según señala en un auto dictado el pasado 9 de diciembre.
Los tres magistrados manifiestan que la petición de Peinado de "utilizar la forma de providencia" no hace mención a ninguno de los requisitos, "lo que viene a dar la razón a los recurrentes" sobre que es una medida "carente de la justificación necesaria".
Peinado ya había recibido copia de los correos enviados y recibidos por la esposa de Pedro Sánchez entre el 18 de julio de 2018 y el 23 de septiembre de 2025 desde la cuenta que le asignaron en Moncloa. El magistrado se los remitió a la UCO a través de una providencia el 2 de noviembre. Si bien, este movimiento queda sin efecto tras el auto de la Audiencia de Madrid.
Presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida
La petición de Peinado respondía a su intención de esclarecer si Begoña Gómez influyó a favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid y si usó a su asesora, Cristina Álvarez, con fines privados.
La mujer del jefe del Ejecutivo está investigada por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida. En caso de que se llegue a juicio, Peinado ha propuesto que sea un jurado popular quien juzgue el caso.
