Los cuatro acusados -los empresarios Jorge Ignacio Roca Semper y Vicente Gil Usedo, y los hijos de este último, Vicente y María Gil Blay, se enfrentan cada uno a cinco años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y al pago de una multa de 1,9 millones de euros e inhabilitación especial durante 7 años para el ejercicio de la industria y comercio.
El caso Emarsa se abrió en 2010 para investigar el supuesto saqueo de la empresa pública Emarsa, gestora de la depuradora de Pinedo, y derivó en una treintena de imputaciones en distintas piezas por el desvío de 23,5 millones de euros.
En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía acusa a Roca Samper y a Vicente Gil Usedo de haber abierto una cuenta en Andorra en octubre de 2010, en la que Gil Usedo se identificó como ebanista jubilado y fabricante de abanicos y 'souvenirs', y a la que Roca transfirió 690.180 euros, supuestamente fondos públicos de Emarsa obtenidos de forma ilícita.