La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha reclamado al Tribunal Supremo que avance hacia la imputación formal del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación abierta por la supuesta difusión indebida de datos confidenciales relacionados con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito, al que ha tenido acceso Onda Cero, la asociación, que ejerce una de las acusaciones populares, solicita al instructor que dicte el auto de procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento) para el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación administrativa al existir una "abrumadora prueba".
Ambos estarían implicados, según la asociación, en la difusión de información reservada vinculada al procedimiento abierto por presunto fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
¿Qué considera la asociación?
APIF considera que ya se ha reunido suficiente evidencia para proceder judicialmente sin necesidad de más pruebas, salvo las declaraciones pendientes, entre ellas la del propio González Amador, prevista para el día 23 de este mes. En su escrito, la organización subraya la gravedad de las actuaciones y apunta a un patrón de comportamiento que, a su juicio, pone en cuestión la imparcialidad del Ministerio Público.
Uno de los elementos clave del caso es el análisis del contenido incautado en el despacho de Rodríguez, realizado por la Guardia Civil, que señalaría una implicación directa de García Ortiz en los hechos investigados. Además, se critica que no se haya aportado ninguna alternativa plausible sobre quién pudo estar detrás de la filtración, a pesar de que el acceso a la información era restringido.
¿Eliminó contenido de su móvil?
También se cuestiona que el fiscal general, tras conocer que iba a ser objeto de investigación, optase por eliminar los contenidos de su teléfono móvil, lo que APIF interpreta como una conducta sospechosa. “Nadie borra su inocencia”, afirman en el escrito remitido al Supremo.
La asociación reclama, además, nuevas diligencias para esclarecer si el teléfono del fiscal general contenía contactos con determinados responsables políticos y periodistas, así como la entrega de documentación interna sobre el caso por parte de la Fiscalía.
Esta nueva ofensiva judicial complica aún más la situación de García Ortiz, cuya actuación ya había generado críticas en sectores de la carrera fiscal y del ámbito político.
