Antonio Fernández, exconsejero de empleo, declara que "nunca" le ordenaron dar ayudas ERE "por interés personal"

Fernández se enfrenta a 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta por crear o mantener un "procedimiento específico" con el que entre 2001 y 2011 la Junta repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, según la Fiscalía.

Es, junto al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, el único de los 22 acusados que ha pasado por prisión, a donde lo envió en abril de 2012 la primera instructora del caso, Mercedes Alaya, y de donde salió en agosto tras pagar 450.000 euros de fianza.

En la sesión de hoy, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha concluido un interrogatorio a Fernández, que ha durado cuatro días, tras el cual la abogada del PP-A, Lourdes Fuster, ha pedido que se lea la declaración que el exconsejero hizo en 2012 ante Alaya –que también duró cuatro días- al no haberla ratificado en el juicio y por las "contradicciones" entre lo declarado entonces y ahora.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha protestado al considerar que al no haberla ratificado "poco valor" puede tener pero el juez, Juan Antonio Calle, ha invocado la jurisprudencia del Supremo que permite contrastar las declaraciones de los acusados en la instrucción con las del juicio y a las 13.45 horas ha comenzado una lectura que seguirá mañana y retrasará los interrogatorios a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Durante el interrogatorio del fiscal, Fernández ha insistido en la autonomía y libertad del director general para gestionar las ayudas y ha negado de nuevo haberle dado órdenes para conceder ayudas concretas e igualmente haber recibido él mismo "órdenes" para dar una determinada subvención "por interés personal o territorial".

El fiscal le ha exhibido una carta del comité de empresa de Primayor reclamando compromisos para pagar nóminas y prejubilaciones que alude a la mediación al respecto del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías -a quien también se la mostró- con él, ante lo cual ha señalado que su contenido "no es verdad" por cuanto "el señor Zarrías a mí nunca me ha dicho 'resuelve esto'".

El fiscal le ha interrogado sobre la concesión de préstamos de la agencia pública IDEA a empresas con cargo a la partida de los ERE, destinada a ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y su respuesta ha desconcertado al fiscal cuando Fernández ha dicho que en ocasiones ante "impagos" de "préstamos fallidos" por parte de las empresas, se transformaban en ayudas del fondo de los ERE para cubrir dichos impagos.

"¿La empresa sabía que si no devolvía el préstamo no le iba a pasar nada porque lo pagaba usted, es decir, la Consejería de Empleo?", le ha preguntado sorprendido el fiscal, ante lo que

Fernández ha dicho que "nadie le decía a la empresa que si no pagaba no le iba a pasar nada" pero esa forma de operar era una "garantía", entraba dentro de los objetivos del programa de ayudas y "se habían ganado años de vida de la empresa".

Gran parte del interrogatorio del fiscal se ha centrado en los cambios en el sistema de concesión y pago de ayudas introducidos entre 2009 y 2010 ya con Márquez como director de Trabajo en sustitución de Guerrero.

Fernández ha admitido que encargó a Márquez cuando llegó "revisar pero no con connotaciones negativas" la gestión del programa de ayudas sociolaborales y éste pidió informes de asesoría externa que conllevaron en 2010 -ya con ambos fuera del Gobierno- dejar de usar transferencias de financiación a IDEA para pagar las ayudas, una herramienta que la Intervención consideraba inadecuada, para implantar el sistema de encomienda de gestión.

En esa revisión Márquez también le comunicó que había ayudas que creía que no debían seguir pagándose porque no cumplían los requisitos del programa y él respaldó que se pararan.

En concreto ha aludido a ayudas a empresas de la Sierra Norte sevillana -donde sociedades de los exediles socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago concentraron 34 millones- y al segundo ERE de Mercasevilla.

Ha admitido que Márquez le informó de reclamaciones de extrabajadores y aseguradoras por ayudas que Guerrero había "comprometido verbalmente" pero no se habían formalizado por escrito, si bien ha alegado a preguntas del juez que imagina que "no se esperaría el cese y no le dio tiempo" y que "en general" lamayoría se formalizó.