juicio al fiscal general

Los agentes de la UCO confirman que no pudieron hallar información del móvil o email del fiscal general "porque estaba borrada"

En el Tribunal Supremo declaraban como testigos los agentes de la UCO que participaron en la entrada y registro del despacho del fiscal general. Uno de los peritos ha incidido en que el fiscal general siempre llevo el dominio de los hechos previos a la filtración.

El día clave para el fiscal general: su declaración se enfrenta a los testimonios de los agentes de la UCO

M.M.G. | Agencias

Madrid |

Audio: Eva Llamazares/ EFE/ Javier Lizón

En la penúltima sesión del juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado han declarado los agentes que realizaron el registro en su despacho.

El teniente coronel de la UCO a cargo de los informes ha asegurado que el dominio de los hechos fue de García Ortiz, que el Fiscal General del Estado tuvo "el propósito, la oportunidad y la disponibilidad" como otros sospechosos pero los indicios fueron decantando la investigación "hacia una sola persona".

La defensa le ha preguntado que el acceso al email del abogado lo tuvieron cientos de personas, a lo que ha respondido que quien tuvo la urgencia por mandar la nota de prensa y conocía que se haría con membrete de la Fiscalía provincial fue la Fiscalía General.

La información fue borrada

Álvaro García Ortiz ha negado con la cabeza cuando el perito ha contado que en el registro de su despacho que había destruido su móvil.

A preguntas del fiscal Francisco Javier Montero, el guardia civil ha indicado que fue el propio fiscal general el que les informó de que había cambiado de teléfono móvil y ha asegurado que les facilitó todas las gestiones que le pidieron.

El testigo ha explicado que en el registro realizado el 30 de octubre de 2024 su equipo se hizo con material del ordenador de mesa, de la nube y el teléfono móvil de García Ortiz.

En su atestado explicaron que no se habían encontrado mensajes de whatsapp anteriores al 16 de octubre. Los investigadores han atribuido esta circunstancia "al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones, siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre" del 2024, muy poco antes de que el Supremo decidiera abrir causa contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos.

Los agentes han subrayado que no pudieron recuperar mensajes que quizá hubieran sido relevantes porque el Fiscal general los borró. Concretamente. Concretamente, al ser preguntado el peritos sobre si pudieron acceder al contenido de los correos de la cuenta de Gmail, ha revelado que "no, porque estaba borrada".

La defensa del fiscal apunta a un registro desproporcionado

Un segundo agente ha explicado, a preguntas del abogado del Estado, defensor, que "se retiraron tanto los ordenadores como el teléfono móvil" de García Ortiz y se realizó un "volcado total" para luego extraer la información del 8 de marzo en adelante, como había solicitado el instructor.

La defensa del fiscal general trata de demostrar que el registro fue desproporcionado puesto que, además, el juez instructor estableció una restricción de fechas estricta. Había que encontrar información del 8 de marzo de 2024 en adelante. El agente ha asegurado que no era posible hacer una "copia selectiva" en ese momento, por lo que se hizo una "íntegra" que después sería purgada.

El interrogatorio de la defensa de García Ortiz ha centrado sus preguntas en el volcado en busca de una causa de nulidad del proceso al demostrar que se buscaron pruebas en todos los dispositivos sin discriminación, apuntando a una investigación prospectiva. El agente ha reconocido, además, que la teniente fiscal, presente en el registro, formuló quejas orales durante el registro que quedaron reflejadas en el acta.

Otro de los agentes ha insistido en que durante un registro es "imposible" hacer un volcado por fechas y que "eso se hace en la fase de análisis". Esta es la versión que han mantenido todos los agentes. El tercero en declarar ha insistido en que el volcado fue "total" porque "la herramienta no permite hacer un selección antes del procesado".

El quinto agente citado este miércoles estuvo también en el registro de Fiscalía Provincial de Madrid. Según ha dicho, la orden de incautación del juez era "bastante amplia" y el marco temporal abarcaba siete meses, desde el 8 de marzo hasta la fecha del registro. Ha explicado también que se tuvo que hacer un volcado completo tras intentar respetar las fechas límite y no lograrlo. "No hubo manera técnica de acotar fechas, se tuvo que hacer una copia completa del backup. Si se pudiera haber hecho lo habríamos hecho", ha señalado.