La funcionaria no hizo otra cosa que su trabajo, cumplir con la legalidad. Pero parece que al alcalde de la localidad, Santiago Galera, la consideraba un estorbo por lo que interpuso contra ella nueve expedientes sancionadores y una querella, todos archivados.
Al no poder despedirla, el alcalde decidió -tal y como recoge la sentencia- dejarla sin funciones "para hacerle la vida imposible" y así lo ha contado Mercedes.
"Dando incluso instrucciones a todos los empleados de que no me dirigieran la palabra. Me aislaron, me dejaron sin ordenador y sin teléfono. Publicaron cosas relativas a mi intimidad, como son mis bajas médicas en la página web", ha dicho.
Este hostigamiento ha sido reconocido por un juez de lo Contencioso Administrativo como acoso laboral e incluso ha enviado el caso a un tribunal penal porque cree que podría haber indicios de delitos de prevaricación y discriminación salarial.