El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha evitado la prisión provisional tras negarse a declarar ante el juez. El juez no ha observado riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y mantiene las medidas cautelares de prohibición de salir del país y comparecencias quincenales.
De esta manera, el magistrado sigue el criterio del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no solicitó prisión provisional para él al considerar que no han cambiado las circunstancias desde que el pasado mes de junio se le impusieron comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y la prohibición de su salida del territorio nacional.
A su entender, no hay elementos que hagan pensar en un aumento del riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, por lo que defendió el mantenimiento de las cautelares actualmente en vigor.
Eso sí, el juez llama a reflexionar sobre el "natural estupor" de que pueda seguir siendo diputado cuando los "indicios de graves delitos son tan consistentes".
Ábalos, que se ha presentado con bastante antelación en el Supremo, ha dicho al juez Leopoldo Puente que se encuentra en "situación de indefensión", y que por ello ha considerado que lo más pertinente es guardar silencio. Cuando ha intentado explicar por qué, el magistrado le ha espetado: "Esto no es el Congreso", y le preguntó si iba a declarar o no.
Según fuentes jurídicas, también su abogado, José Aníbal Álvarez, intervino para advertir al magistrado de que esta declaración podría resulta nula, ya que el investigado había renunciado a su defensa.
Ruptura con su abogado
La decisión de Ábalos de no declarar supone un cambio de estrategia respecto a la línea de defensa seguida hasta ahora, ya que sí ha dado explicaciones al juez en sus otras tres declaraciones.
Ábalos comunicó el pasado lunes al Supremo que renunciaba a su abogado, José Aníbal Álvarez, por "diferencias irreconducibles" que no constituían "una circunstancia puntual en el tiempo", sino "constante" que le habría obligado a preparar su declaración sin su ayuda.
En vísperas de su cita en el Supremo, Ábalos pidió a Puente que le designara un abogado de oficio. El instructor lo rechazó de forma tajante y en un durísimo auto dijo que veía en este momento un intento de eludir la comparecencia con una iniciativa en "fraude de ley".
La trama que se investiga
Es la cuarta vez que Ábalos comparece en el Supremo. La causa se inició hace un año por los presuntos amaños de contratos para la compra de material sanitario en pandemia para adjudicárselos a empresas vinculadas a Víctor de Aldama.
Desde entonces, la causa se ha ido ampliando hasta extenderse a la investigación de una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de obra pública que se estudia en una pieza separada. La declaración de este miércoles se produce después de que el instructor recibiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos, que indica que el exministro dispuso de más de 95.000 euros en efectivo, que presuntamente gestionaban Koldo García y su exesposa, Patricia Uriz, para él.
El informe indica que Koldo se encargaba de diversos gastos del exministro, incluido el pago de la "pensión alimenticia de uno de sus hijos", llegando a sumar un "importe verdaderamente significativo" del que no se ha encontrado justificación en "ingresos regulares".
La UCO indica en su informe que Ábalos dispuso de un total de 95.437 euros en metálico de los que no consta justificación bancaria. Además, señala que el PSOE pagó a Ábalos en metálico. Parte de esos pagos han sido justificados por el partido como compensación por gastos de su actividad política.
Según los investigadores, Koldo y su exmujer tenían claves para hablar de los pagos a Ábalos por WhatsApp de manera que citaban los billes de 500 euros como "chistorras", los de 200 euros como "soles" y los de 100 euros como "lechugas".
