El PP promete que si vuelve a ganar las elecciones mantendrá "durante el tiempo que sea necesario" las medidas que han servido para proteger a los hipotecados en situación de especial vulnerabilidad, han evitado miles de desahucios y han permitido asignar viviendas a los colectivos más desfavorecidos.
Según explica el PP en su programa electoral, se trata de "amortiguar" los efectos de la crisis en estos hogares, a pesar de que la situación económica esté mejorando y más de 45.000 familias se hayan beneficiado ya de las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno. Estas medidas han hecho posible que en los últimos años se hayan frenado más de 17.500 desahucios, más de 4.000 familias hayan accedido a una vivienda de alquiler social y más de 23.500 hipotecados hayan conseguido que su banco modifique las condiciones del préstamo para aliviar su deuda.
Pero además, el PP pretende promover fórmulas para favorecer la formación financiera en colegios y universidades para inculcar una cultura financiera desde la infancia, al tiempo que confía en avanzar en la mejora de la transparencia bancaria, promoviendo medidas que permitan a los clientes obtener más y mejor información.
La formación que dirige Mariano Rajoy apuesta por crear un único organismo de atención de reclamaciones y resolución de diferencias para los usuarios de servicios financieros e incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, asegurando que los clientes conozcan con precisión las obligaciones que asumen y sus derechos quedan perfectamente protegidos. El PP aboga también por que la banca facilite a los clientes información puntual a través de medios electrónicos y sea más fácil usar el teléfono móvil para pequeños pagos haciendo que sean más cómodos y seguros.
Asimismo se compromete a culminar el proceso de mejora de las actividades de supervisión y la formación política quiere regular la situación jurídica de los inspectores de las entidades de crédito, como cuerpo profesional con unas características análogas a las de los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado con funciones similares.
