Las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral presentadas este miércoles por PP, Vox y Junts han dejado en el aire la aprobación de esta medida, que todo apunta a que decaerá si no se logra un acuerdo para que la formación independentista retire su veto.
Los vetos se han presentado en el último día de plazo y, si alguno de ellos saliera adelante -algo factible, ya que suman una mayoría absoluta de 177 escaños: 137 el PP, 33 Vox y 7 Junts-, la ley sería devuelta al Gobierno, con lo que se pondría fin a su tramitación parlamentaria.
Aun así, Sumar seguía insistiendo este miércoles en que todavía hay "margen para la negociación", para que Junts retire su enmienda y desista de apoyar las otras dos, lo que permitiría a la ley continuar la tramitación.
Diálogo "real y riguroso"
El texto de la enmienda de Junts reclama al Gobierno que abra un proceso de diálogo social "real y riguroso" para volver a evaluar la reducción de la jornada laboral, dado que la situación económica global ha cambiado y hace necesario un análisis exhaustivo de políticas que pueden comprometer la viabilidad de las pymes.
La formación pide que se negocie una reducción de jornada más "flexible, equilibrada y gradual" y coincide con la patronal, al asegurar que "solo el acuerdo entre los trabajadores y la empresa" puede garantizar que se progrese en ese sentido.
A su juicio, reducir por ley la jornada laboral "puede conllevar el efecto contrario al deseado", con un impacto desigual tanto sectorial como por territorios y con mayores dificultades de aplicación en el ámbito de las microempresas y las pymes.
Una norma "al margen del diálogo social"
La enmienda del PP justifica el veto en que la reducción de jornada se ha aprobado "al margen del diálogo social", sin contar con la patronal, sin respetar la negociación colectiva en las empresas que ya tienen pactada una jornada ni tener en cuenta la situación económica de cada sector.
El texto señala que la norma "se basa en argumentos poco rigurosos y populistas", sin evaluar el impacto sobre la actividad y el empleo del que han alertado la CEOE, Cepyme, ATA y Fedea, y defiende que la reducción de jornada debe debatirse junto a otros elementos como la productividad, el absentismo o la reducción de la burocracia.
Aboga por una implementación "gradual, progresiva y flexible" que tenga en cuenta otras medidas como crear un "banco de horas", al tiempo que carga contra la sustitución del registro horario por uno digital "más estricto e intervencionista y con sanciones desproporcionadas por incumplimiento".
Vox: "A los españoles cada vez les dejan trabajar menos"
En esta línea, Vox asegura que una "reducción forzosa" de la jornada laboral supone el incremento de los costes laborales, erosionando la productividad de las empresas españolas, que ya se sitúa por debajo de la media; además de incrementar la precariedad laboral.
Desde la formación política que lidera Santiago Abascal aseguran que los "grandes perjudicados" serán las pymes, que verán "en riesgo" su viabilidad económica, así como los sectores con mayor presencialidad, como el comercio minorista, el sector inmobiliario o la restauración
Esta medida "pretende introducir un debate artificial sobre las necesidades de los trabajadores nacionales, poniendo el foco en el tiempo de trabajo" en lugar de en la inestabilidad laboral o los salarios. "A los españoles cada vez les dejan trabajar menos", lamentan desde Vox.
