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La aportación estatal aumentó en 2013 y acumula el 51% del presupuesto global dedicado a la dependencia

El Tribunal de Cuentas reconoce mejoras en el sistema de dependencia pero pide más esfuerzo a las autonomías

El Tribunal de Cuentas da un tirón de orejas a las Comunidades Autónomas por su gestión de la ley de Dependencia. Reconoce que se han producido mejoras en los últimos ejercicios, pero pide homogeneización de criterios, agilización de trámites y mejor gestión de los recursos. En estos momentos 190.000 dependientes aguardan en lista de espera sin cobrar sus prestaciones y pese a que las aportaciones estatales han crecido en el último año, el presupuesto autonómico dedicado a la Dependencia es notablemente inferior en algunas comunidades.

Belén Gómez del Pino I Onda Cero  | Madrid  | Actualizado el 19/07/2018 a las 03:07 horas

El informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso Onda Cero, ofrece una completa radiografía del sistema de la Dependencia en España. Las listas de espera van disminuyendo pero aún así 190.503 dependientes aguardan turno para comenzar a cobrar las prestaciones. Hasta llegar ahí han tenido que pasar otro filtro, el de ser reconocidos como dependientes. Una lista de espera previa que en algunas autonomías, como la Comunidad Valenciana, se demora una media de 479 días.  Otros casos significativos son los 199 días de espera en Cantabria o los 152 del País Vasco. En el lado contrario destacan los 7 días de espera en Baleares o los 11 en Asturias, incluso los 80 en Castilla León, una comunidad con un alto número de dependientes reconocidos.  Del global de casos en lista de espera, más del 75% se acumulan en ocho comunidades autónomas… De ellas, Andalucía suma el 28%, más de un tercio de todos los dependientes.

El Tribunal menciona también la maraña de normas a las que deben hacer frente los familiares de los dependientes. En la página web del Portal de la Dependencia del IMSERSO, se incluyen referencias a 671 normas autonómicas que se suman a las 134 normas estatales. En este punto sí se reconoce el esfuerzo del Gobierno central “por refundir el desarrollo reglamentario en un menor número de textos normativos”.

Más financiación estatal en 2013

Otro de los puntos destacados del informe es el epígrafe en el que se analiza la financiación de la dependencia. Y el Tribunal destaca que pese al incremento en los importes provenientes de la Administración General del Estado, la cantidad final que las autonomías destinan a los dependientes no ha acusado ese aumento. De hecho, se aclara que no existen sistemas de contabilidad para efectuar un seguimiento contable de estos gastos. En 2013 la dotación estatal para dependencia alcanzó 1.206.000 euros, a los que hay que sumar la partida incluida en la ley de financiación autonómica, una partida no finalista, lo que quiere decir que se recomienda su utilización en dependencia pero no se obliga a ello. La suma de ambas financiaciones supuso en 2013 una cifra de 3.679.000 euros, un 9,12% superior al año anterior. Ante la ausencia de informaciones precisas provenientes de los gobiernos regionales,  el Tribunal de Cuentas recuerda que las comunidades autónomas están obligadas a expedir cada año “un certificado acreditativo de su aportación para la financiación de la dependencia, incluida la aportación recibida de los Presupuestos Generales del Estado”.

Canarias, la comunidad más deficitaria

En 2012, la financiación de la dependencia se repartió, en términos porcentuales, entre el 48,53% aportado por las comunidades y el 51,47% proveniente de la Administración General del Estado. Pero estas cifras globales varían mucho según las comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo, recibe el 65% de la prestación que destina a la dependencia, la Comunidad Valenciana el 85,91% y el caso más significativo es el de Canarias, que recibe más presupuesto del que destina. En el lado contrario están, según el informe, la Comunidad de Madrid, que financia el 73% del coste de la dependencia, así como Extremadura (63%), Castilla La Mancha (60%) o Cataluña (50%).

Con todos estos datos el Tribunal de Cuentas recomienda un listado de correcciones, entre las que se incluyen la simplificación normativa, la agilización de trámites, la creación de procedimientos contables útiles para asegurar el control del gasto y la unificación de criterios para valorar tanto la capacidad económica de los beneficiarios  como los criterios de copago en las prestaciones.