El Gobierno se prepara para impulsar una reforma importante de las pensiones. El ministro José Luis Escrivá ha hecho público el borrador del llamado 'fondo público de pensiones', un plan con el que pretende seguir la línea de otros países de la zona euro en dicha materia. La iniciativa se encuentra en fase inicial y aún debe debatirse con los agentes sociales.
Los planes de pensiones que plantea el Gobierno son un mecanismo que dependería de las empresas y serían los propios trabajadores los que decidirían voluntariamente si quieren adherirse. Con ellos, podrían complementar su jubilación. Sin embargo, no hay criterios fijos que lo determinen, sino que, depende de los acuerdos a los que lleguen la empresa y los empleados (pago de golpe o a partes, si los trabajadores podrán aportar...).
Solo el 10% de los empleados en España cuenta con este fondo de pensiones, lo que se traduce en unos dos millones de españoles, especialmente en la banca o grandes empresas, mientras que más de siete millones utilizan planes individuales. Con esta iniciativa, se pretende elevar dicha cifra y equipararse a otros países europeos, como Bélgica (59,6%), Alemania (39,9%) o Italia (19,6%), entre otros. Incluso en algunas autonomías, como el País Vasco, en las que casi el 50% de empleados gozan de ellos debido a las conocidas entidades de previsión social complementaria (EPSV).
El objetivo del Gobierno es que más del 50% de trabajadores formen parte de ellos
Mediante la negociación del Pacto de Toledo, el Ejecutivo tiene fijada como meta que más de la mitad de los trabajadores españoles formen parte de ellos, permitiendo que determinados trabajadores públicos, autónomos o pymes accedan a estos fondos colectivos. Se llevará a cabo a partir de varias perspectivas: aumentando las ventajas fiscales a las aportaciones a dichos fondos a la vez que se reducen en los individuales.
La segunda estrategia versa en regular los fondos públicos de empleo y desarrollar un nuevo tipo de empleos, cuyas aportaciones vayan para estos fondos.
Escrivá ha notificado que se activará un macrofondo, formado por varios de ellos, creando competencia y aumentando la contratación.
Se pondrán en marcha entre finales de 2022 y 2023
Todavía no hay fecha para que se ponga en marcha, pero es un proyecto a medio-largo plazo, ya que por ahora se está esbozando el proyecto que se llevará al Consejo de Ministros durante este 2021, aunque se ha acordado con Bruselas que debería ser antes del segundo trimestre de 2022. Posteriormente, las empresas deberán concursar para llevar la gestión y que se creen estos fondos. En este sentido, hablamos de una fecha entre finales de 2022 y principios de 2023.
Los fondos de pensiones serán de gestión privada
Serán las empresas las que lo controlen, es decir, será gestionado de forma privada, por lo que se pondrá en marcha una Comisión de Control Especial, que vigile y controle el cumplimiento del mismo. El borrador establece que serán 17 miembros: nueve procedentes o denominados por la Seguridad Social, cuatro a propuesta de los sindicatos y otros cuatro, por la patronal.
Para que las empresas puedan presentarse al concurso, deberán "tener un volumen de patrimonio bajo gestión en fondos de pensiones superior a 1.000 millones de euros" o ser una mutua con provisiones que "superen los 1.000 millones de euros". Especialmente serán las bancas las que se encargan de esto en el resto de países europeos.
Una vez hayan sido puestos en marcha, es importante destacar que no todos los empleados pueden sumarse, sino que previamente es imprescindible que empresas y trabajadores, de todos los sectores implicados, decidan negociar y crear fondos de pensiones. Después, ya podrán demandarlos.
Loa autónomos tienen cinco años para pasarse a estos fondos
Surge de la duda de qué ocurrirá con los trabajadores que ya poseían planes de pensiones. No deben preocuparse, ya que las empresas tendrán que adaptarlos a los públicos. No obstante, los planes de los autónomos desaparecen y tendrán un plazo de cinco años para pasarse a los simplificados.
Además, muchas personas se preguntarán el motivo por el que deberían pasarse a estos. Según el borrador que ha compartido Escrivá, los trabajadores tendrán comisiones menores con respecto a los planes individuales, es decir, como máximo será del 0,5% mientras los individuales están en el 1%. De la misma forma, será el Ministerio de la Seguridad Social quien desarrolle los criterios de inversión, siempre pensando "en interés exclusivo de partícipes y beneficiarios" y a partir de factores como la sostenibilidad y pensando en temas como "la vivienda social, los microcréditos o el control de la cadena de suministros".
