Según las actas del encuentro que tuvo lugar el pasado 27 de julio, que ha hecho públicas el Ejecutivo comunitario, el presidente concluyó tras las deliberaciones del colegio de comisarios que no existía voluntad de imponer sanciones a España y Portugal, dado que ambos Estados miembros habían tomado medidas para corregir sus déficit excesivos en la segunda mitad de 2016 y en el borrador presupuestario del próximo año.
Sin embargo, Juncker advirtió de que de no cumplir, la Comisión "no dudaría más adelante en recomendar la suspensión parcial de los compromisos financieros en 2017 en relación a los fondos estructurales y de inversión" asignados a España y Portugal.
La normativa comunitaria prevé la congelación de hasta el 50% de los fondos estructurales de un Estado miembro en el caso en el que se haya constatado la "falta de acción efectiva" para corregir el déficit excesivo. El ministro en funciones de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, cifró en 1.325 los compromisos de pago que podrían ser suspendidos en el caso de España.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, aseguró en la reunión anterior de colegio a principios de julio que la suspensión de estos fondos podría ser de hasta el 20% de los fondos ya comprometidos y que la suspensión podría levantarse tan pronto como los Estados miembros adoptasen las recomendaciones aprobadas por la UE.
En cualquier caso, el Ejecutivo comunitario debe consultar al Parlamento Europeo antes de hacer pública su propuesta para congelar parte de los fondos estructurales. El "diálogo estructurado" todavía no tiene fecha específica, pero tendrá lugar durante la última semana de septiembre o la primera de octubre.
Las actas del colegio de comisarios del pasado 27 de julio también dan cuenta de las conversaciones sobre la imposición a España y Portugal de una multa por incumplir su objetivo de déficit o la cancelación de la misma.
En este sentido, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, se mostró partidario de cancelar ambas. Entre las razones que expuso, subrayó los "esfuerzos excepcionales" de ambos países durante la crisis y entre 2013 y 2015, así como que incluso una multa simbólica sería interpretada por los ciudadanos españoles como una "crítica" por no haber hecho lo suficiente.
En la misma línea, el socialdemócrata francés advirtió sobre el hecho de que una multa podría provocar una pérdida de apoyo al proyecto europeo en los dos países. Asimismo, argumentó que una sanción simbólica hubiese supuesto negar "cientos de millones de euros" a la economía real, a las pymes y a los ciudadanos, lo que se traduciría en un menor crecimiento y en la pérdida de empleo.
Así, las actas de aquella reunión recogen un "amplio apoyo" por parte de los comisarios para cancelar las multas de ambos países por ser "razonable, justa y políticamente sabia" dados los "considerables esfuerzos" llevados a cabo por España y Portugal en materia presupuestaria.
No obstante, algunos comisarios, cuya identidad no se especifica en el documento, se mostraron partidarios de imponer una sanción, incluso simbólica, para "no devaluar las reglas en vigor o el poder de la Comisión para imponer sanciones por miedo a despojar a estas normas de validez y de debilitar la autoridad de la institución".
Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, se pronunció en la misma línea de Juncker durante la reunión y enfatizó que si España y Portugal no cumpliesen con sus nuevos compromisos presupuestarios, "la Comisión avanzaría a la segunda parte de la decisión y no dudaría" en recomendar una suspensión parcial de los compromisos financieros en relación a los fondos estructurales de 2017.
