Tras la publicación del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo independiente cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, el Gobierno ha reforzado su mensaje de tranquilidad para los pensionistas actuales y futuros. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado que el sistema de pensiones ha superado con éxito su primer examen externo.
Las pensiones podrían rozar la ilegalidad con respecto al PIB
El informe de la AIReF concluye que el gasto neto en pensiones entre 2022 y 2050 se situará en el 13,2% del PIB, una décima por debajo del límite legal, según dictamina el Real Decreto-ley 2/2023.
Durante su intervención en unas jornadas organizadas por CaixaBank, Saiz ha recalcado que "la sostenibilidad hoy está garantizada y todos los datos que podían ir bien, han ido incluso mejor, así que miramos al futuro con optimismo. Vamos en la senda correcta".
La ministra también ha recordado que el Gobierno es consciente del reto demográfico, alegando que desde el Ejecutivo son conscientes de que en los próximos diez años va a haber cuatro millones de personas que van a acceder a la jubilación, pero ha insistido en que los pensionistas son motor de crecimiento de nuestro país y dinamizadores de la economía. Con datos del INE a julio de 2022, un total de 6,3 millones de varones y 6,4 millones de mujeres forman parte de esa numerosa generación de una población total de 23,8 millones y 25,3 millones, respectivamente.
Saiz ha dicho que son conscientes que esto incrementará mucho el gasto en pensiones. "Pero es que también estamos alimentando el lado del ingreso", ha precisado.
"La reforma de las pensiones está hecha con unos parámetros que miran a 2050. Somos conscientes de que en los próximos años va a ser exigente ese compromiso con el gasto. Haremos frente a esa exigencia que viene con la jubilación de los 'baby boomers'", ha añadido.
Además, ha subrayado que la revalorización anual de las pensiones en un 2,8% y conforme al IPC "es una garantía de tranquilidad para los 10 millones de pensionistas de nuestro país". Esta medida supondrá un incremento anual de unos 600 euros para una pensión media de jubilación.
Las pensiones mínimas y no contributivas, por su parte, subirán por encima de esa estimación, según ha confirmado la ministra, y seguirán mejorándose en función de los umbrales de pobreza en los próximos años, con la intención de mejorar sus cuantías por encima del resto.
Incentivos para retrasar la edad de la jubilación
En el ámbito de la gestión, Saiz ha destacado la importancia de los incentivos para retrasar la edad de jubilación, que ya supera los 65 años, y la introducción de mecanismos como el de equidad intergeneracional y la cláusula de solidaridad.
"El empleo y, en concreto, el empleo de calidad, con bases de cotización que suben, es la mejor garantía de la sostenibilidad del sistema de pensiones", comentó
Además, la ministra ha señalado que el Fondo de Reserva de las pensiones, la conocida "hucha de las pensiones", finalizará 2025 con 14.000 millones de euros, casi un 1% del Producto Interior Bruto, y que la previsión es que alcance los 31.000 millones al final de la legislatura.
La exconsejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra ha reiterado en diversas comparecencias que "las últimas reformas del sistema se han encaminado a reforzar la flexibilidad en la jubilación". También ha destacado que "las jubilaciones anticipadas han caído por debajo del 30%, un nivel nunca conocido", y que el déficit se está reduciendo de forma gradual y el Fondo de Reserva va a terminar la legislatura con 25.000 millones de euros.
Por su parte, la AIReF ha constatado que el sistema cumple la denominada regla de gasto y que no será necesario activar de momento "la cláusula de cierre" ni plantear nuevas medidas de ajuste, aunque advierte que la sostenibilidad no ha mejorado significativamente y que el reto demográfico sigue presente. Los sindicatos han valorado positivamente la garantía de revalorización de las pensiones y la mejora de las mínimas, mientras que algunos expertos insisten en la necesidad de mantener la vigilancia sobre el impacto del envejecimiento y la evolución del empleo.
