La polémica tras el pacto entre Junts y el Gobierno por el que las grandes compañías que operan en España tengan que atender al cliente, en catalán y en los demás idiomas cooficiales, cuando así se requiera, sigue teniendo sus reacciones.
La medida, que según explicó la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, tendría efecto "en toda España" "porque los catalanes tienen que tener los mismos derechos que un francés o un inglés", afectaría a las empresas de más de 250 trabajadores o que facture más de 50 millones de euros.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha rebajado un poco las expectativas de los nacionalistas al afirmar que ve "de sentido común" que esta medida se aplique en los territorios donde el catalán sea lengua cooficial. El caso es que los empresarios, principales destinatarios de la norma, no tardaron en pronunciarse empezando por la CEOE que ya expresó ayer su preocupación por el aumento de la burocracia y los costes que esto supondría.
"Es increíble"
El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha puesto voz a la preocupación ya expresada por la CEOE y se ha manifestado sobre este cambio que se pretende introducir en la Ley de Atención al Cliente. Garamendi ha apuntado que si la obligación para las grandes empresas de atender en catalán es realmente una propuesta para toda España "es una barbaridad".
En unas declaraciones desde El Cairo, donde ha participado en el Foro Económico reunido con motivo del viaje de Estado de los Reyes a Egipto, ha afirmado que la intención de Junts de 'blindar el catalán' en el proyecto de ley "es increíble, lo digo con toda sinceridad. Incluso en Cataluña también lo sería".
Garamendi ha señalado que "hay un idioma que se llama español y que realmente es para todos, es un coste más, es un perjuicio más para las empresas" y denuncia que "aquí siempre estamos poniendo normas y normas, pues vamos a ver una pequeña empresa cómo lo organiza".
