Salarios más bajos, carreras laborales más largas y una edad de jubilación más tardía; ese es el futuro económico para los jóvenes en España según un experto económico. Este problema lleva años gestándose y afectará no solo a la población joven si no también a todos los sectores de la sociedad española. No es una crisis económica por factores externos, es la consecuencia de un problema estructural a futuro en España: la estructura pensionaria y jubilatoria.
El sistema público de pensiones en España afronta uno de los mayores desafíos de su historia reciente y no es debido a que actualmente haya 9,3 millones de personas que reciben dinero público. El conflicto se vislumbra en el horizonte, ya que al gasto en este tipo de remuneraciones, que actualmente supone un 11,5% del producto interior bruto (PIB), se le suma la amenaza de la jubilación de la generación más numerosa del último siglo: la del 'baby boom'.
Hasta 13,4 millones de personas forman parte de este sector poblacional de los nacidos entre 1958 y 1975, que junto a una escasísima natalidad y el envejecimiento acelerado de la población suponen un peligro tanto para las prestaciones de esos futuros jubilados como para el futuro económico de los jóvenes y del país.
Un déficit que podría duplicarse en las próximas décadas
En una entrevista concedida a Onda Cero, Enrique Devesa Carpio, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València, advierte que la situación viene en aumento en las últimas décadas y que la jubilación de este grupo va a catalizar este problema económico
"La llegada masiva de todos los que están actualmente en la generación del baby boom a la edad de jubilación va a hacer que se dispare el gasto en pensiones, que ya viene aumentando muy rápidamente desde hace tiempo", expresa el experto económico.
Según sus cálculos, el déficit del sistema, que actualmente ronda el 2% del PIB (más de 30.000 millones de euros), podría duplicarse o incluso triplicarse en las próximas décadas, superando los 60.000 millones de euros anuales, según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otros organismos independientes.
Reformas insuficientes y riesgos estructurales
El experto es contundente al valorar las últimas reformas impulsadas por el Gobierno: "La reforma que se ha hecho en 2021 no va a servir para nada. Mejora ligerísimamente la situación, pero cuando proyectas a futuro esa llegada de millones de nuevos jubilados al sistema, va a ser mucho más difícil de mantener".
Enrique subraya el carácter estructural del problema y señala que las medidas por parte del Ejecutivo no sirven más que para calafatear un barco con demasiadas fugas.
"El principal fallo de los políticos es que no ven que es un problema estructural, y un problema estructural se soluciona con una reforma estructural, no con pequeños parches centrados en incrementar los ingresos". En su opinión, el aumento de las cotizaciones puede tener efectos colaterales negativos sobre el mercado laboral, como la reducción de contrataciones o la entrada de nuevos trabajadores con sueldos más bajos.
El impacto de la baja natalidad y la inmigración
El sistema de reparto español se basa en que los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. Sin embargo, la baja natalidad y el envejecimiento de la población dificultan el equilibrio del sistema.
"Para mantener el equilibrio del sistema de pensiones, los ingresos deben crecer más rápido que los gastos. La natalidad es baja y, aunque la inmigración puede ayudar, lo ideal sería que los nuevos trabajadores tuvieran alta productividad y buena formación", explica Enrique Devesa.
No obstante, advierte que la inmigración masiva solo alivia temporalmente el problema, ya que "más adelante habrá que pagar pensiones también a esos nuevos trabajadores", y, por tanto, la respuesta sería circunstancial y no a largo plazo.
Medidas estructurales y el papel del ahorro privado como solución para la ciudadanía
Entre las reformas que considera imprescindibles, Devesa destaca la necesidad de avanzar hacia un sistema de reparto de aportación definida, en el que la pensión se calcule en función de todas las cotizaciones realizadas a lo largo de la vida laboral y la esperanza de vida en el momento de la jubilación.
"Sería un sistema mucho más justo, transparente y sostenible", expone
Asimismo, Devesa alerta de que los jóvenes trabajadores tendrán que afrontar carreras laborales más largas y posiblemente retrasar su edad de jubilación.
La solución menos mala sería retrasar la edad de jubilación, pero es una decisión poco popular y los partidos políticos no se atreven a dar ese paso
El experto coloca al ahorro privado en el centro de las herramientas que puede utilizar la población para contrarrestar esta situación.
"Independientemente de la situación del sistema público, todos debemos hacer un esfuerzo por ahorrar y destinar una parte de nuestros ingresos al ahorro privado para diversificar las fuentes de ingresos cuando nos jubilemos", señala.
Las respuestas del Gobierno a este problema
El Gobierno, por su parte, defiende las reformas acometidas en los últimos años y asegura que el sistema es sostenible a largo plazo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantiene que las medidas adoptadas -como el incremento progresivo de las bases máximas de cotización, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y el fomento de los planes de pensiones de empleo- permitirán contener el déficit y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.
Fuentes del Ministerio insisten en que "el sistema de pensiones es sólido y está preparado para afrontar el reto demográfico" y confían en que el crecimiento económico y la creación de empleo compensen el aumento del gasto.
Además, el Gobierno ha reiterado su apuesta por complementar el sistema público con el desarrollo de planes de pensiones privados y de empresa.
Sin embargo, organismos independientes como la AIReF y el Banco de España han advertido que estas medidas podrían resultar insuficientes si no se acompasan con reformas más profundas, especialmente ante la magnitud del reto demográfico.
España se enfrenta a una encrucijada histórica en materia de pensiones. Los expertos alertan de que el tiempo para abordar reformas estructurales se agota y que las medidas adoptadas hasta ahora pueden no ser suficientes para asegurar la viabilidad del sistema a medio y largo plazo. Mientras tanto, el debate político y social sobre la sostenibilidad de las pensiones sigue abierto, con millones de trabajadores y pensionistas pendientes de su futuro.
