La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en España sigue sin aplicarse. Aunque el Consejo de Ministros ya ha dado luz verde a la propuesta, todavía falta un paso clave: debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si se cumplen los plazos previstos, la nueva jornada laboral entrará en vigor antes del 31 de diciembre de 2025.
¿Qué implica esta medida?
La reducción de jornada no supondrá ninguna bajada salarial. Es decir, los trabajadores cobrarán lo mismo por trabajar menos horas. Esta medida afectará a todos los sectores y se aplicará de forma general, respetando el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos.
El objetivo es avanzar hacia un modelo laboral más equilibrado, que permita mejorar la calidad de vida sin perjudicar la productividad. Para facilitar la transición, se plantea una reducción progresiva: primero a 38,5 horas semanales y después a 37,5.
Lo que puede retrasar su aprobación
Aunque la propuesta está en marcha, todavía hay varios factores que podrían retrasar su implantación:
- Falta de apoyo empresarial: las principales patronales, como CEOE y Cepyme, rechazan la medida si no va acompañada de compensaciones claras en productividad.
- Negociaciones con sindicatos: aunque UGT y CCOO están a favor, la aplicación por sectores está resultando más complicada de lo previsto.
- Calendario político ajustado: el Gobierno también tiene entre manos otras reformas prioritarias, como pensiones o vivienda.
- Contexto económico incierto: la desaceleración europea y las tensiones comerciales hacen que algunos pidan prudencia antes de implementar cambios profundos.
Más allá de la jornada: control horario y desconexión digital
La reforma también prevé mejoras en el control horario, obligando a usar sistemas digitales certificados para registrar el inicio y fin de la jornada. Además, se refuerza el derecho a la desconexión digital, garantizando que los trabajadores no reciban mensajes ni llamadas fuera de su horario laboral.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que seguirá impulsando el diálogo social con el objetivo de lograr un consenso amplio. De momento, la fecha más probable para su entrada en vigor es octubre a diciembre de 2025, aunque podrían desarrollarse programas piloto o acuerdos sectoriales antes.
