La Fiscalía alertaba este jueves de que el cambio de empresas prestatarias del servicio Cometa de seguimiento telemático de maltratadores, ejecutado en marzo de 2024 a favor de Vodafone y Securitas, había provocado que no se pudiera acceder a la información sobre la ubicación de los agresores previa a esa fecha, algo que estaba teniendo como consecuencia sobreseimientos y fallos absolutorios en procesos por quebrantamiento de las penas y medidas cautelares de alejamiento.
El ministerio público informó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de esta situación "para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas".
Igualdad reconoce el error
El Ministerio de Igualdad ha reconocido que hubo "incidencias técnicas" derivadas del cambio de contrato de las pulseras, pero que se solucionaron hace meses.
"Se detectaron algunas incidencias técnicas en el cambio de contrato. Había dos empresas y en ese cambio se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente. (...) Es un tema pasado, de noviembre y diciembre de 2024, se resolvió y afortunadamente el sistema funciona, mucho mejor que antes", aseguro la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
La clave del error: el cambio del contrato
En marzo de 2024, se hizo un cambio de sistema que incluyó modificaciones tecnológicas, cambio de las empresas que gestionan estas pulseras (ahora Vodafone y Securitas, antes Telefónica) y la ampliación de la protección a víctimas de delitos sexuales.
El Gobierno invirtió más de 40 millones de euros de los fondos europeos para disponer de más dispositivos. Las empresas adjudicatarias del contrato de seguimiento se comprometieron a gestionar hasta 11.000 dispositivos.
El cambio en las empresas que gestionaban estas pulseras impidió a los juzgados acceder a los datos de ubicación de maltratadores que hubieran podido quebrantar la medida de alejamiento antes de esa fecha, lo que llevó al sobreseimiento temporal de casos.
El contrato de 41 millones de euros
Telefónica llevaba prestando el servicio de la gestión de las pulseras telemáticas de forma ininterrumpida desde 2009, hasta que en julio de 2023 no se presentó a la licitación pública. En su lugar, las empresas Vodafone y Buddi (una empresa británica especializada en el desarrollo de pulseras de seguridad con botones de alerta) pujaron por el servicio.
El 20 de julio de 2023, la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género hizo pública la apertura del proceso de contratación de este servicio con un presupuesto base de 41,38 millones de euros (45,5 millones con impuestos incluidos). Al inicio de este proyecto, en 2009, el Gobierno reservó un presupuesto muy reducido (cercano a los tres millones de euros).
Las pulseras siempre habían sido desarrolladas y gestionadas por Telefónica. El primer contrato se realizó en 2009 y durante años la licitación fue adjudicada a Telefónica, habitualmente por un importe de más de tres millones de euros.
Hasta que en 2021 se produjo una explosión económica de la licitación y la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género multiplicó casi por cuatro el importe del contrato, elevándolo hasta los 40,59 millones de euros.
Cambio en el 2023
El motivo de este incremento era la necesidad de introducir "mejoras tecnológicas" al servicio de las víctimas. Entonces, Telefónica también fue la única empresa que se presentó a la oferta, hasta que en 2023 el contrato cambió y el Ministerio de Igualdad optó por comprar directamente los aparatos y no pagar por el uso de los dispositivos (como venía haciendo hasta entonces).
Este cambio en el modelo de pago hizo que para Telefónica dejara de resultarle rentable entrar en la batalla por la adjudicación del contrato.
