La financiación autonómica ha vuelto a desencadenar el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas por el nuevo modelo impulsado por el Gobierno. La cuestión del principio de ordinalidad, es decir, que el modelo no sea beneficioso para las comunidades más ricas frente a las más pobres, ha evidenciado una contradicción en el discurso de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto a lo que dijo hace unos días.
Al término de la reunión, Montero ha negado que el sistema pactado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ERC incorpore ese principio, según el cual las comunidades con mayor capacidad económica mantienen su posición relativa tras el reparto de recursos. "Es falso que este sistema tenga ordinalidad. No tiene principio de ordinalidad", ha asegurado con rotundidad ante los medios.
La vicepresidenta ha defendido que el modelo presentado utiliza exactamente los mismos parámetros que el anterior y que, por tanto, no introduce ningún cambio que beneficie a las comunidades más ricas frente a las más pobres. Incluso ha afirmado que la supuesta ordinalidad que se le atribuye ahora es idéntica a la que existía antes, insistiendo en que no hay privilegios ni tratos de favor.
"El sistema tiende a la ordinalidad"
Sin embargo, esas palabras chocan con lo que la propia Montero dijo apenas unos días antes. El pasado 10 de enero, la ministra reconocía que "la construcción del sistema tiende a la ordinalidad" y que la evolución dinámica del modelo iba precisamente en esa dirección, aunque admitía que podían producirse desajustes puntuales. Entonces, la ordinalidad era un elemento intrínseco del diseño del sistema.
Ese cambio de discurso ha alimentado las críticas de las comunidades autónomas, que salieron del CPFF con un rechazo casi unánime al nuevo modelo. Todas, salvo Cataluña, se mostraron contrarias a una propuesta que consideran nacida de un pacto bilateral con ERC y no de un consenso multilateral. Incluso gobiernos socialistas como Castilla-La Mancha y Asturias se sumaron a la oposición.
Desde Castilla-La Mancha, el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina habló abiertamente de "chantaje" y de un modelo impuesto bajo la amenaza de perder millones de euros. En Asturias, la vicepresidenta Gimena Llamedo calificó el acuerdo de "plato precocinado". Otras comunidades denunciaron un "modelo a la carta" diseñado a espaldas de las autonomías y advirtieron de posibles acciones judiciales.
Montero, por su parte, negó que se haya aprobado "un cupo separatista" para contentar a Cataluña y defendió que la adhesión al nuevo sistema será voluntaria, como ya preveía la ley de 2009.
