El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la compañía Airbnb bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma. El ministro Pablo Bustinduy ha emitido un comunicado en el que califica como "ilícitos" estos anuncios por "contravenir" la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos.
El departamento de Bustinduy considera que "se vulnera la normativa de diferentes comunidades autónomas", en concreto seis: Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y País Vasco. "En todos los casos, además, se trata de viviendas completas de uso turístico, no aparecen anuncios de habitaciones individuales", ha añadido en la nota remitida a los medios.
Se trata de la cuarta resolución que Bustinduy remite contra Airbnb en los últimos meses notificando estos más de 65.000 anuncios ilegales (65.935 en concreto). En las anteriores instaba a la empresa a bloquear esta actividad. Si bien, esta plataforma ha recurrido "esta acción ante la Justicia", pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución y ha emitido un auto en el que "avala las actuaciones de Consumo", por lo que 5.800 anuncios deberán ser retirados "de manera inmediata".
Consumo alega tres razones que justifican esta ilegalidad
Desde el Ministerio de Consumo han alegado tres razones que justifican la "ilegalidad" de esos anuncios.
- No incluyen el número de licencia o registro a pesar de ser obligatorio según la normativa de varias CC.AA. Además, es la infracción más común.
- No indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no explican si son particulares o profesionales, algo que según el Ministerio es "fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no".
- El número de licencia no se corresponde con el expedido por las autoridades, lo que puede llevar a "error o engaño" hacia los consumidores.
Otros expedientes sancionadores
No es la primera vez que Bustinduy se pronuncia acerca de esta problemática. Anteriormente ya había manifestado que su objetivo es "acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada" de los alojamientos turísticos, así como favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores.
Por ejemplo, en diciembre de 2024 la Dirección General de Consumo abrió un expediente sancionador a otra plataforma de alquiler turístico por incumplir la normativa sobre la publicidad del número de licencia y en febrero de 2025 abrió expedientes a grandes gestoras por no indicar la naturaleza jurídica del arrendador. Expedientes que, según Consumo, "siguen su curso" independientemente de "las medidas ahora anunciadas".
Igualmente, en marzo el Ministerio envió al Ayuntamiento de Madrid un listado con la dirección de 15.200 pisos turísticos que operan de manera ilegal en la ciudad y exigió al alcalde, José Luis Martínez Almeida "acciones para el cese de su actividad".
