El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a "una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por prácticas abusivas contra inquilinos", tal y como se recoge la nota de prensa difundida por el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
Es la segunda inmobiliaria contra la que se abre un expediente sancionador, después del que Consumo abrió en marzo contra otra del mismo tipo. Estos expedientes forman parte de la investigación que el ministerio dirigido por Bustinduy está llevando a cabo desde octubre en el ámbito del alquiler.
Esta investigación se abrió a raíz de denuncias presentadas por el Sindicato de Inquilinas-CECU y asociaciones como Facua y OCU. Las supuestas prácticas abusivas que esta agencia estaría cometiendo se refieren al cobro de comisiones ilegales en el cobro del alquiler, obligar a contratar a los inquilinos servicios no solicitados o imponer la contratación de un seguro.
Según el ministerio, la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda prohíbe de manera expresa que sean los inquilinos los que paguen los gastos relacionados con la gestión inmobiliaria o de formalización del contrato.
Sanciones a las que pueden enfrentarse estas empresas
Igualmente, Consumo ha advertido de que estas prácticas abusivas pueden conllevar sanciones. La Ley de Defensa de los Consumidores las clasifica de la siguiente manera:
- Graves: conllevarán una multa de 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esa cantidad hasta llegar a cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido a partir de esas prácticas abusivas.
- Muy graves: conllevarán una multa de hasta un millón de euros que puede sobrepasarse hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito conseguido.
Dos expedientes en el sector de los pisos turísticos
Estos dos expedientes se suman a los que Consumo mantiene abiertos contra una plataforma y una empresa en el sector de los pisos turísticos. Cabe recordar que este ministerio ha ordenado a Airbnb el bloqueo de casi 66.000 anuncios ilegales.
En la nota de prensa, el ministerio de Consumo reitera que la vivienda es "un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley", por lo que estos expedientes se enmarcan "en el objetivo de proteger el derecho al acceso a la vivienda".
