Para elaborarlo, la compañía andaluza, en preconcurso de acreedores desde finales de noviembre, ha analizado todos sus proyectos y los ha clasificado en función de su rentabilidad (necesidades de capital y generación de ingresos) un proceso que, para empezar, obliga a deshacerse de algunos.
Así, ya ha puesto a la venta su línea de negocio de biocarburantes -el de bioetanol a partir de grano, con presencia en Brasil, Estados Unidos y Europa-, así como varios terrenos e incluso plantas de generación eléctrica. También ha colgado el cartel de "se vende" en algunos de sus inmuebles en Madrid y Sevilla, considerados activos no estratégicos.
El objetivo es dejar una "nueva Abengoa" de menor tamaño, centrada en los negocios más rentables y que preserve su tecnología e innovación. De hecho, el plan dibuja un resultado bruto de explotación (ebitda) de aproximadamente la mitad al registrado en 2014 (1.400 millones de euros).
Como más vale y valdrá la compañía, señalan fuentes conocedoras del proceso, es con proyectos que permitan generar valor.
Pero tras este redimensionamiento del negocio está la deuda, el verdadero eje de una negociación que permitirá salvar del concurso a la empresa saneando su maltrecha estructura financiera.
Una deuda que, en esa nueva Abengoa, debería rondar los 3.000 millones frente a los 9.000 millones que la asfixiaron y abocaron a la solicitud de preconcurso.
Un fuerte ajuste que deben pactar las partes -Abengoa y acreedores (banca y bonistas)- en una negociación que se vislumbra larga y complicada con el Domingo de Resurrección como fin del plazo.
Sobre la mesa se dibujan, junto a las puntuales desinversiones, varias vías para reducir esos 6.000 millones de deuda: quitas, capitalización de la deuda, préstamos participativos a largo plazo o una combinación de varias que, al final, terminará previsiblemente dando el control de la compañía a bancos y fondos.
Para la banca acreedora, que rechaza de entrada quitas directas sobre esa cifra de deuda, la capitalización es la opción que más puede encajar antes de llegar al concurso, un escenario que parece ahora más alejado pero que sigue presente.
Y es que además de las discrepancias con la dirección de la empresa, también las hay entre los acreedores.
Prueba de ello es que la banca, organizada entorno al denominado G-7 (Santander, Bankia, Popular, CaixaBank y Sabadell, junto a HSBC y Calyon), ha rechazado los intereses que planteaban los bonistas de Abengoa para inyectar liquidez a la compañía, unos 160 millones de euros para mantener la empresa en los próximos dos meses que restan de preconcurso.
Y en paralelo a todas estas negociaciones, avanza la vía judicial con el 16 de febrero como nueva fecha clave: la titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado ese día para declarar en calidad de investigados por un posible delito de administración desleal al expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y al que fuera consejero delegado de la compañía Manuel Sánchez Ortega.
Abengoa presentó el pasado 5 de noviembre el preconcurso de acreedores lastrada por su alto endeudamiento, al sumar más de 9.000 millones de deuda financiera y casi 5.000 millones en pagos pendientes a proveedores.
