"El modelo que se nos ha presentado es el de bilateralidad, el chantaje: o lo aceptáis o perdéis millones de euros. Y no deberíamos estar sujetos a los chantajes", así se ha pronunciado el consejero del PSOE de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, el término de la reunión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se ha prolongado más de cuatro horas, ha terminado con el rechazo mayoritario de las Comunidades Autónomas. Todas menos Cataluña se han mostrado contrarias a este nuevo modelo, porque nace "viciado" del pacto entre el Gobierno y ERC y han amenazado con llevarlo a la Justicia.
Las 11 comunidades gobernadas por el PP, Canarias y las dos gobernadas por el PSOE -Castilla-La Mancha y Asturias- han transmitido a Montero su oposición, ya que es un pacto "precocinado" por el pacto previo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Cabe recordar que País Vasco y Navarra no han participado porque tienen su sistema propio.
Califican el acuerdo de "plato precocinado"
El representante del Ejecutivo de Emiliano García-Page, además, ha señalado que las reuniones bilaterales con las comunidades son simplemente para aparentar que hay multilateralidad cuando, en realidad, el modelo presentado es "fruto de la bilateralidad" con ERC. Por su parte, la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha tachado el acuerdo de "plato precocinado".
El consejero murciano, Luis Alberto Marín, ha asegurado que el nuevo modelo "no soluciona los problemas" y ha calificado de "muy significativo" que la mayoría hayan mostrado su "rechazo frontal" a este modelo. "Nace viciado, nace de la bilateralidad con los independentistas y secesionistas", ha añadido.
Así las cosas, ha pedido a Montero que "recapacite", porque "si todo el mundo va en una dirección y ella en contraria, probablemente la que vaya por el carril equivocado sea ella" y que vuelva "la senda de la multilateralidad".
Un modelo a la carta creado a espaldas de las Comunidades Autónomas
De la misma opinión se ha mostrado la consejera madrileña Rocío Albert, a quien tampoco le gusta el modelo actual, y ha insistido en que la nueva propuesta tiene que ser "multilateral" y que no venga dada "por el resultado que ha decidido el señor Junqueras". Asimismo, ha aseverado que, aunque no se plantea llevar el nuevo modelo al Tribunal Constitucional, van a usar "todos los recursos legales" disponibles.
El consejero gallego, Miguel Corgos, ha lamentado que el acuerdo es un "modelo a la carta" creado "a espaldas" de las Comunidades Autónomas y ha mostrado su "decepción" porque la cifra que recibirá Galicia es "funesta". Además, ha denunciado que su comunidad va a estar financiada "muy por debajo de la media".
En cuanto a la Consejera de Extremadura, Elena Manzano, ha ido más allá en sus críticas y ha acusado a Montero de no importarle el CPFF, de "ausencia de respeto institucional" y de solo querer "mantener a Sánchez en el poder". También ha dejado caer que Montero ha planteado más financiación para Andalucía porque "dentro de muy poquito" va a intentar ser presienta de esa comunidad.
Montero niega que se haya aprobado "un cupo separatista"
Así las cosas, la ministra de Hacienda ha negado que se haya pactado "un cupo separatista" para contentar a Cataluña. "Es falso", ha sentenciado. Según Montero, los datos demuestran que "no hay ningún tipo de privilegio o trato de favor hacia ninguna comunidad autónoma".
Igualmente, la vicepresidenta primera ha indicado que adoptar o no el nuevo modelo es voluntario, es decir, cada autonomía podrá decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el actual. Desde Hacienda han recordado que esto no es nuevo, porque aparece en la Ley de Financiación aprobada en 2009.
También ha explicado que ahora se iniciarán reuniones bilaterales con todas las comunidades para profundizar en diferentes aspectos y que después de esto, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica. Luego, en segunda vuelta, volverá a ser aprobada por el Consejo de Ministros y será remitida al Congreso, donde necesitará el apoyo de la Cámara para que entre en vigor en 2027.
