La Comisión Europea ha decidido este miércoles abrir un expediente formal contra España por un presunto trato fiscal discriminatorio hacia los extranjeros no residentes que poseen una vivienda en el país.
En concreto, Bruselas cuestiona que España aplique una "renta imputada" del 2 % del valor catastral (o del 1,1 % si ha sido revisado en los últimos diez años) a las viviendas que no están alquiladas ni se usan como residencia habitual. Aunque esta medida afecta a residentes y no residentes, en la práctica recauda más de 137 millones de euros, según datos de 2023.
Sin embargo, la Comisión considera que esta figura tributaria constituye una "discriminación abierta", ya que los residentes fiscales en España están exentos del gravamen si se trata de su vivienda habitual, mientras que los no residentes —ya sean ciudadanos de la UE o de terceros países, están obligados a pagarlo.
Vulneración del Derecho comunitario
Desde Bruselas se advierte de que esta diferencia vulnera varios artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, especialmente los relativos a la libre circulación de trabajadores y capitales, así como disposiciones del Acuerdo del Espacio Económico Europeo. Por ello, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España, concediéndole dos meses para responder y modificar su legislación, antes de pasar al siguiente paso del procedimiento: un dictamen motivado, previo a una posible denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Este expediente europeo coincide con un debate interno en España sobre la fiscalidad de viviendas vacías y segundas residencias. El Gobierno ha promovido una propuesta para endurecer los impuestos sobre estas propiedades, incluyendo una subida del IVA al 21 % para pisos turísticos y un nuevo gravamen del 100 % a la compra de inmuebles por no residentes extracomunitarios, con el objetivo de frenar la especulación.
Aunque estas medidas buscan favorecer el acceso a la vivienda, su coexistencia con la figura fiscal criticada por Bruselas podría aumentar las tensiones jurídicas, al poner en riesgo el cumplimiento de los principios europeos de no discriminación.
El Gobierno español se enfrenta ahora al desafío de conciliar su estrategia fiscal nacional con las obligaciones del Derecho comunitario. La respuesta que dé en las próximas semanas marcará el rumbo del procedimiento: una reforma normativa que corrija los elementos discriminatorios podría evitar sanciones más severas, pero una negativa o incumplimiento abriría la puerta a una denuncia formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
