Pedro Sánchez y Oriol Junqueras vuelven a situar el debate territorial en el centro del tablero político. El nuevo modelo de financiación autonómica, negociado entre el Gobierno y Esquerra Republicana, promete más recursos para las comunidades, pero también abre una brecha por su apuesta por el llamado "principio de ordinalidad".
Así lo explicó Ignacio Rodríguez Burgos en 'La Mirada Económica', el podcast de análisis en Onda Cero, donde se detallaron las claves y controversias de la propuesta que Hacienda presentará este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Más autonomía fiscal y una cesión récord
Según el análisis del programa, el Ejecutivo ha convocado a las comunidades a una reunión decisiva para debatir un modelo que "cede más porcentaje a las comunidades en el IRPF y en el IVA", lo que se traducirá en "16.000 millones de euros adicionales para los gobiernos regionales".
Además, como destacó Rodríguez Burgos, "Sánchez negoció con Junqueras otros 4.700 millones para Cataluña", un gesto que refuerza el peso político de ERC y que irrita a varios presidentes autonómicos.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que la cesión llegará "hasta el 55% en el IRPF y el 56,5% en la recaudación del IVA". Sin embargo, el segundo pilar del modelo —el principio de ordinalidad— es el que más polémica genera.
Este concepto busca garantizar que "ninguna comunidad pierda su puesto en el reparto de recursos tras los mecanismos de nivelación", aunque dentro del programa se advirtió que su aplicación "no será igual para todas".
La ordinalidad cataliza el conflicto
La idea de la ordinalidad parte, según Junqueras, de un planteamiento simple: "Si Cataluña es la tercera en aportar, también debe ser la tercera en recibir". Pero esta lógica, que según Rodríguez Burgos "deja herida de muerte la solidaridad entre territorios", no se extiende a todo el país. "Montero admitió que la ordinalidad se aplicará a Cataluña, pero depende de cada comunidad", añadió em el espacio de Onda Cero.
El ejemplo de Cantabria ilustra el conflicto: "Si se mantuviera la ordinalidad, Madrid debería estar por encima", explicó Rodríguez Burgos, ya que su financiación por habitante ajustado es inferior a la cántabra. En la práctica, eso implica que el Estado deberá destinar "400 millones adicionales" para evitar pérdidas a regiones como Cantabria y Extremadura.
Críticas desde el PP y el PSOE
El nuevo sistema ha provocado un aluvión de críticas tanto del Partido Popular como de presidentes autonómicos socialistas. Rodríguez Burgos recogió las declaraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, quien lamentó que "se está haciendo un traje a medida de Junqueras" y advirtió que "ordinalidad es sinónimo de ruptura de la igualdad".
En la misma línea, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, denunció Onda Cero que "a un mes de las elecciones, se reparten 4.700 millones más a los independentistas catalanes".
Incluso dentro del PSOE se alzaron voces de rechazo. Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) calificó el acuerdo como "un intento de suicidio político de la izquierda" y aseguró que "no participará bajo ningún concepto" en una decisión que considera desigual y electoralista.
Próxima parada: el Consejo de Política Fiscal
La ministra Montero ha detallado ante las comunidades los mecanismos concretos del nuevo modelo de financiación, una cita clave para poder "definir cuánto gana y cuánto pierde cada territorio", en un debate que tensa los equilibrios autonómicos y deja cicatrices políticas a solo un mes de las elecciones.
